Atrás quedaron aquellos años en los que el auge del turismo rural supuso un boom en la apertura de alojamientos en la provincia. Las cifras se han ido estabilizando con el paso del tiempo, sobre todo desde que a finales de 2013 la Junta de Castilla y León aprobó un decreto regulador del sector que, como principal novedad, incluía la categorización de estos establecimientos por estrellas en lugar de las espigas de antaño. La normativa entró en vigor el 4 marzo del año siguiente y antes de esta fecha, la Administración regional tenía contabilizados 476, frente a los 455 que hay a 31 de octubre de 2019, que a su vez representa un 11% del total registrado en la comunidad, líder nacional en este sector.
Hubo más de un año de moratoria para la adaptación a la nueva normativa y finalizado ese plazo, en diciembre de 2015, se produjo la primera criba al darse de baja 52 hospedajes por no cumplir con los nuevos requisitos. Ese número no se ha logrado recuperar en todo este tiempo, a pesar del incremento que se ha producido hasta octubre de este año, con 16 más que en la misma fecha de 2018 (439). El aumento de establecimientos lleva parejo el de plazas de turismo rural, aunque existe un antes y un después del decreto. Los 455 de la actualidad suman 4.774, lo que representa 158 más que hace un año, pero tan solo 23 menos que en 2014. Esta diferencia viene dada por uno de los cambios que trajo consigo la nueva normativa, el incremento de la capacidad de ocupación de los alojamientos, según explica el presidente de la asociación Turalbur, Francisco Hernansaz. «La anterior contemplaba un máximo de 10 personas para las casas y de 20 para hoteles y posadas, mientras que ahora se permiten 16 para las primeras y 50 para los segundos».
La lectura de los datos que hace Hernansanz tiene que ver con el hecho de que las casas rurales que se abren en actualidad son más grandes, teniendo en cuenta que este tipo de hospedaje representa más del 80% del total, además de que los empresarios son conscientes de que estas resultan «más rentables que las pequeñas». A todo ello, añade que, aunque sí que existe la obligación de registrar el negocio cuando se pone en funcionamiento, esta no se traslada al momento en que se cierra, por lo que considera que ahora pueden estar en funcionamiento menos de esas 455 que contabiliza la Consejería de Cultura y Turismo. Sobre si ese número es elevado o no, descarta hacer una valoración porque «todo depende de la demanda». Lo que sí es que cierto es que representa el 11% de toda Castilla y León, donde figuran 4.111, así como el 13% de las plazas, que suman 36.530, seis y 148 menos, respectivamente, que a principios de marzo de 2014.
En cualquier caso, el representante de esta patronal considera que la regulación y categorización por estrellas puede tener algo que ver en el descenso del número total de alojamientos, dado que «no todo el mundo presentó la declaración responsable pertinente» y se adaptó a esta catalogalización. No obstante, precisa subraya que la normativa no ha hecho desaparecer los establecimientos alegales, que era uno de sus objetivos, sobre todo por la proliferación de plataformas de reserva a través de internet, y avanza que, «posiblemente», su asociación presente alguna denuncia en este sentido.
El Plan de Inspección de la Junta se desarrolló durante 2016 y 2017, acumulando la provincia burgalesa más de la mitad de los expedientes sancionadores abiertos en la región (78 de 144), que en la mayoría de los casos estaban relacionados con la ausencia de distintivos de acreditación como la categoría o el aforo. La Administración prorrogó alguna de las actuaciones de ese programa en 2018, tales como la verificación de las denuncias y las reclamaciones impuestas por los turistas o detectadas por organismos como la Policía Local o la Guardia Civil.
Estas, al igual que las de los dos anteriores ejercicios, consistieron en la inspección de los alojamientos afectados y en comprobaciones documentales para «verificar los hechos que se constataban», según precisan fuentes de la Consejería. El resultado fue de 43 visitas y la apertura de cuatro expedientes sancionadores, de un total de 121 y 18, respectivamente, en el conjunto de Castilla yLeón. Finalizada esa moratoria, añaden que «se mantiene el control de la legalidad» en los mismos términos dentro del nuevo plan que abarca hasta 2022.
Turalbur realiza una valoración «positiva» del decreto en líneas generales, aunque sostiene que presenta «carencias» que deberían solventarse. Hernansanz hace referencia a que «no se controla la calidad de los hospedajes, que debe corresponderse con el número estrellas, sino la cantidad de enseres de los que disponen», algo que, según afirma, sí que recogía el anterior sistema de estrellas. A modo de ejemplo, precisa que «da igual» que la cubertería sea «se plástico o de plata», mientras que también alude a «confusiones» vinculadas a la ubicación de algunos electrodomésticos, como es la lavadora.
En cuanto a las inspecciones, subraya que «falta personal» para llevarlas a cabo y que involucrar a organismos como la Policía Local tiene su relevancia en grandes municipios, pero no en los de menos de 3.000 habitantes, que es donde se ubican la mayoría de las casas rurales. A su juicio, «no hay disposición» por parte de la Junta para realizar ese control, ya que «sería tan sencillo como poner a alguien delante de un ordenador».
Y es que, estima que los establecimientos alegales «hacen mucho daño» al sector porque «el que no paga impuestos puede bajar los precios, además de que pone en riesgo la seguridad del turista y perjudica el prestigio del resto». Está de acuerdo y defiende que se controlen los hospedajes legales, donde se «puede actuar de oficio», pero reivindica que se haga lo mismo con los que están fuera de la ley.