En menos de dos meses expira la moratoria concursal que decretó el Gobierno a mediados de noviembre. Será el próximo 14 de marzo cuando se reactive el deber que marca la legislación para presentar concurso de acreedores al conocimiento de insolvencia de una compañía. Además, se junta con el inicio del periodo de devolución de los préstamos ICO, que no obstante se puede retrasar hasta 2022.

Estos dos frentes suponen un nuevo reto para las asesorías y gestorías burgalesas, que ya actualmente están notando un incremento de la carga de trabajo derivada del cierre de la hostelería. «Nada más enterarnos de la intención de cierre de la Junta comenzamos a llamar a nuestros clientes para ver cómo iban a actuar con respecto al ERTE que tienen en vigor», explica Sandra Girón, directora del área Jurídico-Laboral de BK Valora. Apunta también que hay una parte de compañías que decidieron no poner en marcha un ERTE para, de este modo, tener libertad a la hora de despedir. «Hemos hecho un cálculo de costes de lo que supondría la exoneración de las cuotas en el tiempo que se aplicaría el ERTE hasta el 31 de enero (cuando concluyen a falta de prórroga) y en muchos casos no les compensaba y decidieron no beneficiarse de las ‘ayudas’», apunta.

En Hermosilla & Lacave Grupo Asesor indican que esta semana han vuelto a incluir a una gran cantidad de trabajadores, sobre todo de la hostelería, dentro de un ERTE. «El cierre de los 14 días ya la gente se lo cree poco. La experiencia dicta que esto va para más», apunta.

Con respecto al próximo 14 de marzo, desde BK Valora Asociados apuntan que esa fecha abrirá «un tiro libre» a los concursos de acreedores. «Hay empresas que han cerrado aun estando activas y se están financiando con ICO. Cuando se levanten las carencias, si siguen sin ingresos va a ser imposible que cumplan», prevé Sergio Carpio, director del área Jurídico-Mercantil, que calcula que un porcentaje muy alto de compañías con problemas financieros termine declarándose como insolventes a partir de marzo.