La pandemia ha servido de respiro a muchos vecinos que lidian con el ruido vinculado al ocio nocturno. Casar el descenso de unos y la diversión de otros no siempre resulta fácil y así lo demuestra una resolución del Procurador del Común, que atribuye cierta inoperancia al Ayuntamiento de Miranda, en este caso, con el bar Penthouse.

La queja de una residente cercana ha motivado que ‘el Defensor del Pueblo’ proponga una serie de medidas correctoras, que la administración local tiene que adoptar para no incurrir en «un supuesto de responsabilidad patrimonial». Para evitarlo, el Procurador pone dos deberes para favorecer el descanso de los vecinos. El primero pasa por «prohibir el funcionamiento en horario nocturno (de 22.00 horas a 8.00 horas) del establecimiento». La propia resolución da por seguro que el local abre a las seis de la mañana y permite que los clientes consuman en el exterior, lo que genera ruido «e incluso agresiones o peleas con heridos». 

En segundo lugar, solicita que el órgano competente del Ayuntamiento controle que la actividad que desarrolla este bar «se ajuste a las características de la licencia concedida». Por este motivo, remarca que las emisiones en su interior «deben ser propias de un acompañamiento musical, sin que puedan celebrarse ni conciertos musicales en su interior, ni otras actividades propias de un pub o discoteca, como se deduce de las actividades que se anuncian en su página web».

La resolución atestigua que, según las mediciones, el local incumple el límite de 65 decibelios en horario nocturno, por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de evitarlo, sin que se considere como eximente «el hecho de que el 90% de los locales de ocio de esa localidad se encuentren en esa situación».

La queja del Penthouse viene de lejos. La resolución contextualiza el caso y recuerda que archivó un expediente anterior en enero de 2018. En aquel momento, el Ayuntamiento ordenó el cese del equipo musical y planteó dos posibilidades. Una fue aislar el local, aunque el responsable lo rechazó  «por el gran coste». En su dictamen el Procurador recuerda que la corporación puede obligar a tomar esta medida, pero no se hizo.

En aquel momento, la propiedad salvó el problema con un limitador del equipo musical, para evitar que se sobrepasaran los niveles de ruido, pero «se ha acreditado el fracaso de dicha medida». Por este motivo, los vecinos continuaron con las quejas y con las llamadas a la policía debido al bullicio generado, pero el bar continuaba con su actividad por lo que volvieron a recurrir a este órgano regional, que solicita al Ayuntamiento la adopción de las dos disposiciones «lo antes posible».

Todo sigue igual. En la resolución se hace alusión al freno que ha supuesto la pandemia, aunque los vecinos tras la relajación de las medidas sanitarias reiteran sus quejas, e incluso aclaran que ya hemos tenido que volver a llamar a la policía por la vuelta del ocio nocturno. El principal hándicap indican que reside en que «el bar está sin sonorizar e incluso se les escucha hablar», por lo que en el momento en el que suben la música la situación se torna «insoportable».

Además, añaden la indefensión que sienten «porque a las siete de la mañana vienen de todos los lugares perdidos» y resulta común que haya «peleas e incluso hemos tenido hasta navajazos». Por este motivo, al margen del ruido también denuncian falta de seguridad «e incluso una vez la policía entró tras un cliente que llevaba un cuchillo, subió por las escaleras de la casa y tiró el arma por una de las ventanas interiores al patio».

Una de las viviendas que hay encima del local está a la venta y en la comunidad revelan que nadie va a verlo y es difícil de alquilar «por los problemas con el bar y en cuanto ven dónde está nadie quiere venir».