Cuando una ficha toca a otra en el dominó la tercera inevitablemente se ve afectada. El retraso el año pasado en la aprobación de algunos convenios acarrea otros problemas vinculados a los plazos, aunque el tema tiene diferente interpretación según el partido político. «Hemos mejorado mucho los tiempos», afirmó ayer la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, al anunciar la prórroga de los convenios del ejercicio de 2020 de ocho organizaciones sociales, aludiendo a que en 2019 hubo casos que se aprobaron en diciembre y hasta enero no se les pudo pedir la justificación de gastos del ejercicio anterior.

Con esos mimbres la concejala defendía la prórroga actual de los convenios con Banco de Alimentos, Asociación Fray Ponce de León, Afabur, ACCEM, Promoción Gitana, Síndrome de Down, Aransbur y Burgos Acoge, por valor de 420.000 euros, mientras mostraba su disgusto por la postura del PP, que votó en contra aludiendo a que están fuera de plazo.

«No hay otra manera, porque no se puede si no se ha justificado lo anterior. Es verdad que la cláusula a la que aluden, que exige su aprobación durante el año en curso puede resultar confusa, aunque es la misma desde 2011, nunca se ha considerado irregular y se ha seguido el mismo trámite».

Para Carolina Blasco, del Partido Popular, esas dudas pueden llevar a un problema posterior si el Tribunal de Cuentas considera que  es incorrecto: «Lo que tenemos que hacer es dar seguridad jurídica y en lugar de una prórroga podríamos haber renovado el convenio.Incluso darles estabilidad con una duración superior», aseguró. «Vamos a poner el contador a cero y hacerlo bien porque en lugar de hacerles un favor les podemos meter en un problema si mañana tenemos que pedir a las organizaciones que devuelvan el dinero porque se otorgó de forma irregular», añadió.

Rodríguez, sin embargo, cree que el PP «busca poner trabas al equipo de Gobierno, pero las consecuencias pueden ser muy graves para las organizaciones sociales si no aprobamos los convenios».