El registrador de la propiedad ha decidido responder al ultimátum que el alcalde firmó el 23 de noviembre y el último pleno avaló el pasado día 4. Ha entregado toda la documentación de las plusvalías que obraba en su poder y en ella se cuenta un Libro de Registro, en el que constan 634 contribuyentes y la cantidad de sus recibos. Pero en ningún caso se han cobrado, con los que el Ayuntamiento de Villarcayo podría recaudar 249.724 euros, 48.000 más de lo que se había estimado.
Los 634 recibos se corresponden a compraventas realizadas entre junio de 2016 y junio de 2017, el último año de vigencia del convenio con el registrador, por lo que si no se ha realizado ninguna notificación a los contribuyentes, todos los recibos de junio de 2016 a 16 de diciembre de ese año ya habrían prescrito, por haber transcurrido 4 años sin reclamarse el cobro. Esa es la situación más probable, dado que la Alcaldía nunca llegó a firmar esas plusvalías, un trámite imprescindible para su cobro. Pero en cualquier caso, el alcalde Adrián Serna, solicitará al responsable del Departamento de Recaudación de la Diputación Provincial, que gestiona el cobro de este impuesto, que analice la documentación y agilice al máximo la tramitación de los recibos más antiguos.
El registrador de la propiedad también ha devuelto al Consistorio los libros de Registro de todas las plusvalías que tramitó desde junio de 2010 a junio de 2016, dado que fue en 2010 cuando el Ayuntamiento villarcayés suscribió con él un convenio para el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalías. En estos libros aparecen los titulares de los recibos que realizaron compraventas o heredaron bienes, el estado del recibo, lo cobrado o si debía ir a la vía de apremio, entre otros datos. Asimismo, el registrador ha transferido a las arcas municipales 19.000 euros, correspondiente a las últimas plusvalías que cobró en representación del Ayuntamiento.
En el otoño de 2016 ya se le comunicó que no se renovaría el convenio firmado en 2010. En marzo de 2017 se le volvió a comunicar y en junio el Consistorio dio por acabado el mismo y dejó en manos a la Diputación el cobro de las plusvalías. Una vez zanjado el convenio, el registrador llegó a ir a los tribunales para exigir que el alcalde del momento firmara esos 634 recibos de modo que los pudiera tramitar y cobrar así el 10% de comisión más el 21% de IVA de esa comisión. Eso significa que hubiera cobrado 30.216 euros de los 249.724 pendientes de cobro. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y después el TSJ dieron la razón al Consistorio y consideraron que no había obligación alguna del alcalde de firmar los expedientes. Tras estas sentencias, ya en marzo pasado se le requirió al registrador que devolviera toda la documentación y el dinero obrante en su poder.
responsabilidad. Pero, "hemos tenido que esperar casi un año para llegar a este punto y recibir la documentación", como señaló Serna, para quien "esta entrega nos da la razón, dado que le pedíamos lo que pertenece al Ayuntamiento". Ahora la clave radica en cuántos de los recibos retenidos se podrán cobrar y cuántos han prescrito. Serna anuncia que el Consistorio tomará las medidas a su alcance para recaudar todo el dinero y, por ello, si es necesario, iniciará un expediente de reclamación patrimonial en caso de haber recibos prescritos o incluso acudirá a los tribunales para que el registrador responda con su patrimonio de aquellas plusvalías que no se puedan cobrar por haber prescrito.