La Inspección de Trabajo sancionará a la Cooperativa Avícola de Burgos (Cobur) y a Randstad Project Services al considerar que cometieron una «cesión ilegal de trabajadores» cuando la empresa burgalesa echó a toda la plantilla para cerrar su matadero de aves y la compañía multiservicios lo alquiló para reabrirlo meses después, con una plantilla nueva y sueldos significativamente inferiores.
Comisiones Obreras se negó a firmar el expediente que significó la extinción de los contratos hace más de un año y posteriormente presentó hasta 6 denuncias ante la autoridad laboral por diversas infracciones, la última por cesión de trabajadores tras la reapertura de las instalaciones del Monte de la Abadesa.Es esta precisamente la que ahora se materializa en sanción, que si bien la Inspección no la ha cuantificado estaría entre los 6.250 y los 180.000 euros, al tratarse de una infracción muy grave, en la que se valoran otros parámetros, como el volumen de la compañía y los requerimientos realizados.
A juicio de los líderes del sindicato, esta resolución confirma que «era todo una maniobra de la empresa para abaratar costes» de plantilla, puesto que los empleados de Cobur percibían unos 25.000 euros anuales por encontrarse dentro del convenio del sector y los que actualmente trabajan en el matadero apenas si superan los 16.000, al trabajar con una empresa multiservicios. «No se perseguía otra cosa que bajar los sueldos», resumieron ayer en rueda de prensa ÁngelCitores, Juan Antonio Ruiz yMarco Antonio Pérez, responsable del área de Industria Alimentaria de CCOO.
La resolución de la Inspección de Trabajo «establece un acta de liquidación de cuotas por la diferencia» entre lo que los trabajadores han percibido y lo que deberían haber cobrado si se les aplica el convenio con el que venían trabajando hasta la primavera de 2018.
Cuando Cobur presentó el ERE de extinción trabajaban en el matadero de pollos 30 personas. Ahora la plantilla se ha duplicado, según Comisiones Obreras, lo que indica que existe trabajo más que suficiente y deja más a las claras el «fraude» cometido por la cooperativa.
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