Con los votos a favor del PP, el equipo de gobierno que lidera el socialista Fernando Campo sacó ayer adelante el pliego del contrato que permitirá a una empresa externa asumir el suministro y gestión energética en instalaciones de alumbrado público de Miranda los próximos 12 años. Un complejo proceso de externalización de servicios que lleva años gestionándose y que ha generado en los últimos meses la movilización de varios colectivos demandado el mantenimiento de una gestión pública.
Y eso ocurrió en un tenso pleno municipal en el que en más de diez ocasiones el alcalde tuvo que interrumpir a los oradores para solicitar el silencio de un público mayoritariamente integrante de la Coordinadora Miranda por lo Público que impidió el desarrollo normal de la sesión, hasta el punto de que el concejal de Obras y Servicios, Gustavo Modino, que fue el encargado de defender la iniciativa, no acabó ninguna de sus tres intervenciones ya que el alcalde no logró el silencio en el plenario para que concluyera su turno de intervención.
En ese ambiente de enorme tensión -con gritos, insultos y amenazas incluidas- se sacó adelante una iniciativa en la que la postura más cómoda la tuvo el PP, firme defensor de la privatización y del proceso elegido. «Nosotros lo apoyaremos hoy y lo apoyaríamos mañana», dijo su portavoz Borja Suárez.
Más incómodo fue el papel de IU, opositor al proceso e integrante muy activo de la Plataforma, cuya concejala, Conchi Ortega, tuvo que asumir públicamente que estando ella en el equipo de gobierno de Campo (del que se salieron hace más de un año) dieron el visto bueno a un documento que ya planteaba esta privatización. «Es cierto que lo aprobamos, pero tengo que reconocer que no lo leímos, se nos pasó», dijo, en el debate del punto de la Agenda 21 Local, que incluye el Plan Midar Plus, en el que se recoge un punto que contempla la contratación de una empresa de servicios energéticos para el servicio del alumbrado público.
Reconocido el error, éste fue aprovechado por el PSOE para afear la acción de IU. «Me sorprenden... estuvieron en la aprobación, se aprobó por unanimidad y sin objeción, y no se lo leyeron dos veces... eso no es nuestra responsabilidad», dijo la portavoz, Aitana Hernando. E igualmente el PP sacó partido de la cuestión: «Entonces gobernaban con el PSOE, manteniendo por cierto aún hoy a Fernando Campo como alcalde con sus votos. Es sintomático que ahora se desmarquen... y es muy serio que lo aprobaran sin haberlo leído», valoró Suárez.
Debate
El debate real sobre el asunto llegó al final de la sesión, y en él las posturas son claras. Conocida la del PP, que sí afeó al PSOE que no se prestara a hacer el debate que públicamente había anunciado y resumió todo el problema en una cuestión ideológica sobre la privatización o no de servicios, llegó la defensa por parte del equipo de gobierno.
Modino -al menos en lo poco que pudo intervenir- defendió el proceso, explicando que el ahorro para las arcas municipales está garantizado, ya que el riesgo económico lo asume la contrata, que debe aplicar inversiones y mejoras para que la gestión del alumbrado les sea rentable. Dijo que de aplicarse hoy el ahorro sería ya de 180.000 euros anuales, pero que podría ser más, y que el control de todo lo que se haga será municipal, en referencia, por ejemplo, a que la reducción de flujo en las calles no podrá hacerla la empresa sin su autorización y en los niveles que acepte el Ayuntamiento.
En IU, que calificó de inciertos los números dados por el edil socialista, una preocupación estaba en el personal municipal del servicio eléctrico que ahora hace la gestión del alumbrado, y cómo se casa eso con el elevado ahorro económico que plantea el pliego, ya que a su juicio si se mantiene el personal y además se paga a una empresa para que contrate más personal el ahorro es casi inexistente, «unos 13.000 euros», cifró. Una cuestión que bien por voluntad propia o por que no le dejaron acabar su intervención no pudo abordar Modino.
Para el único partido que se opuso a esta externalización, el pliego presenta «muchas ambigüedades» y no plantea «garantías» de cara a la aplicación de sanciones en caso de que no se cumplan con los compromisos del contrato, para lo que citó como ejemplo el servicio de basuras. Al PP le reconoció que se trata de un asunto ideológico. «Se trata de un servicio obligatorio, no voluntario, y es una privatización, así que debería decidir el ciudadano», dijo Ortega.
Con la aprobación, se sigue el calendario por el cual hay cinco empresas que están a la espera de lanzar sus ofertas para quedarse con la gestión. Tendrán de plazo hasta el día 8 de enero de 2015 para presentar sus soluciones técnicas en las que deberán mejorar las condiciones del pliego.