Septiembre es un mes que tiene unas características muy especiales para los jóvenes universitarios y, en general, para todos los graduados que han concluido sus estudios. Para una buena parte, es un momento muy interesante puesto que concluye su período de prácticas estivales y salen al mercado laboral con una cierta experiencia que les da un pequeño impulso para encontrar un primer empleo en el mundo empresarial.

En este contexto, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y los sindicatos denuncian que muchas de las prácticas académicas externas constituyen un fraude laboral ya que, en vez de formación, se les manda tareas que son propias de trabajadores, incluso de operarios cualificados. Por ello, exigen un mayor control puesto que, a su juicio, se trata de un sistema que «no funciona como debería».

En respuesta a varias denuncias sindicales de las últimas semanas, acerca de que las empresas usan a los becarios para suplir puestos de trabajo, la organización estudiantil cree necesario replantearse el modelo de formación vigente y considera «fundamental» asegurar el carácter formativo de las prácticas, sin entrar en otro tipo de detalles como los horarios o posibles remuneraciones si su proceso de aprendizaje ha sido como el de un empleado más en la compañía.

Las prácticas académicas externas se definen como una actividad supervisada por las universidades, cuyo objetivo es aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en el aula para el ejercicio profesional y facilitar su empleabilidad.

La situación de precariedad laboral y paro juvenil -afirma la Coordinadora- hace que muchos jóvenes dispongan de las prácticas como primera y única forma de acceso al mercado laboral, «encadenando en ocasiones contratos temporales».

Por ello, es «fundamental asegurar el carácter formativo de las prácticas y el seguimiento por parte de las universidades, para evitar la mala praxis y el incumplimiento de los derechos de los alumnos».

La CREUP apunta a la necesidad de un nuevo marco de regulación estatal que sea homogéneo y garantice todos los derechos de estos estudiantes, dándole voz y flexibilidad suficiente para adquirir las competencias necesarias, evitando así situaciones de fraude en las que las entidades colaboradoras los usen «como mano de obra barata».

En este contexto, defiende que las prácticas sean remuneradas y coticen en la Seguridad Social, de forma que «el estudiantado no tenga que elegir entre continuar con sus estudios o bien tener que aceptar un trabajo precario».

Para este organismo, la fórmula actual para conocer en el mundo de la empresa debe estar sometido a un «mayor control» que implique tanto a la universidad -garante de que la labor realizada se ajusta a las competencias que deben adquirir- como a la entidad, que ha de ofrecer una formación de calidad y guiar al estudiantado en su formación.

Desempleo

Según el último dato de agosto, en el colectivo de los jóvenes, el paro registrado entre los menores de 25 años registró una bajada de 17.120 personas, un 6,52% menos que en julio. Esta cifra, junto con la caída de los cinco meses anteriores, supone que 121.000 jóvenes han abandonado las oficinas del SEPE.

En la actualidad hay menos jóvenes en situación de desempleo que antes de que irrumpiese la pandemia. Asimismo, también ha descendido entre los de 25 años en más de 65.463 personas (-2,08%).

Sin embargo, solo un 6,2% de los contratos firmados por este colectivo en julio era indefinido, por debajo del 9% de la media del total de contratos, según se desprende de los datos publicados por el SEPE.