El reciente incendio en el cerro del Castillo, que quedó en un susto pero que pudo arrasar toda la ladera, es el claro ejemplo de la dificultad que conlleva encontrar al responsable. Por mucho que los agentes de la Policía Nacional han intentado buscar pruebas que den una mísera pista del autor, o autores, del siniestro, de momento no han sido capaces de encontrar el hilo del que tirar. No extraña, por tanto, que solo uno de cada diez pirómanos terminan condenados por cometer este tipo de delitos contra el medio ambiente. 

De los 60 siniestros que ha investigado el Ministerio Fiscal en la provincia de Burgos durante los últimos cinco años, solo seis han terminado con el culpable condenado. Es más, el número de expedientes que llegan se ha ido reduciendo poco a poco, pues de los 22 de 2016 se pasó en 2018 y 2019 a apenas cinco cada ejercicio. En este último, no hubo una sola sentencia que castigara estas conductas. 

Fuentes policiales señalan que es muy difícil encontrar al autor de un incendio intencionado. Es más, se puede dar la circunstancia de que le identifiquen cerca del lugar y que todas las pesquisas le señalen a él, pero suele ser insuficiente para inculparle. Casi siempre, lo más certero es ‘cazarle’ con las manos en la masa. 

En la capital se han sucedido las investigaciones de siniestros que han terminado sin detenciones. El verano pasado, los Bomberos se hartaron de apagar fuegos en parcelas sin urbanizar de Fuentecillas. No hubo consecuencias graves, ni materiales ni personales, más allá de unas cuantas hectáreas de maleza quemadas. Nunca se supo quién estaba detrás de estos incidentes. 

El de hace dos semanas en el Castillo fue el fuego provocado que más impactó, pero estos días se han producido otros de menor entidad, como los tres declarados en Lazarillo de Tormes y otros dos en la antigua Piedras y Mármoles.