Los cerca de 50 guardias civiles que dormían en la casa cuartel de la avenida de Cantabria en la noche del 29 de julio de 2009 guardan en la memoria -a su pesar- el terrorífico estruendo que los hizo saltar de sus camas a las 4 de la mañana. Y jamás se les olvidarán los instantes posteriores, en los que -aturdidos por la explosión- se incorporaron como zombis para ver qué les había pasado a sus familiares, a sus parejas, a sus hijos. Y recordarán siempre el sabor de las lágrimas que derramaron al comprobar que estaban vivos. Algunos sufrieron lesiones físicas, ninguna grave. Y la mayoría padeció un estrés psicológico del que todavía no se han recuperado. De hecho, la mitad de los agentes de la Benemérita se han retirado en acto de servicio al reconocerles el Cuerpo la pérdida de condiciones psicofísicas para la prestación del servicio. Algunos otros siguen de baja y continúan en el trance de alcanzar la jubilación en acto de servicio, si bien en estos momentos están teniendo dificultades porque la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa «ha cambiado de criterio» para su concesión, explica la abogada Manuela Rubio Valero, que en la actualidad asesora a la mayoría de las víctimas del atentado de ETA de hace una década.

El retiro en acto de servicio para un guardia civil supone cobrar una pensión del 200% de su sueldo, una suma a la que hay que añadir las indemnizaciones como víctimas del terrorismo que contempla la Ley. Cuando hay sentencia, la compensación máxima -por una incapacidad permanente- asciende a 200.000 euros. Cuando no hay fallo judicial se queda en un máximo de 100.000. Esas son las cifras en frío. Pero detrás se sitúa cada caso en concreto. Muchos guardias están hartos de que algunos excompañeros les miren mal, «pero es que solo ven el dinero». «Yo cambiaba ese  dinero -tampoco soy rico- por no haber sufrido el atentado», comenta un efectivo retirado que prefiere mantenerse en el anonimato. La letrada Manuel Rubio Valero advierte de que la mayoría de los guardias de la casa cuartel y sus familias «quieren pasar página, olvidarse de aquel día y de todo lo que vino después». Algunos agentes ya jubilados tiene la impresión de que el Ministerio del Interior «ha minimizado la importancia» del ataque de ETA «porque no hubo muertos», pero recuerdan que tras el 11-M se trata del «atentado con más víctimas de la historia de España». Un total de 160, según recogió la sentencia de la Audiencia Nacional. «Sí, por fortuna, no hubo fallecidos, pero los 700 kilos de amonal que pusieron tenían la intención de matarnos a todos», afirma una víctima.

Y es verdad, aquello fue «un milagro», en parte debido a la hora en que tuvo lugar la explosión, a las 4 de la mañana, cuando las 118 personas que se hallaban ese día en la casa cuartel estaban durmiendo, en posición horizontal, lo que hizo que la metralla, cristales rotos y escombros pasaran sobre ellos y no les acertara. De haber estado erguidos, a «buen seguro que se habrían producido víctimas». Uno de los agentes no puede desprenderse aun hoy de una imagen que le asalta de forma recurrente, la de la pared de su dormitorio llena de trozos de hierro y vidrio clavados.

En un primer momento, nada más tener lugar el atentado, los guardias civiles consultados por este periódico coinciden en que el Ministerio del Interior «se portó muy bien». Aprobó una ayuda de 6.000 euros a fondo perdido que ingresó a las víctimas para que atendieran necesidades urgentes. Uno de ellos recuerda con especial afecto a la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, que se «preocupó especialmente» por ellos y que puso en marcha en tiempo récord un plan para proporcionar pisos a aquellas familias de fuera que carecían de parientes que les alojaran.

Sin embargo, «después la Administración» les dejó «de lado», pues, según relatan, dejó de informarles sobre los pasos a seguir para beneficiarse de las ayudas que merecían por ser víctimas de terrorismo. En un primer momento, uno de los exguardias consultados explica que hubo de pagarse «un psiquiatra especializado» porque el de su seguro «no sabía cómo atender a una persona que habría sufrido un atentado».

De modo que un grupo de miembros de la Benemérita comenzó a organizarse para buscar ayuda legal y la encontraron en Manuela Rubio, quien les prestó apoyo primero desde el despacho de Juan Carlos Rodríguez-Segura, de Madrid, y en la actualidad asesora a una mayoría por su cuenta. Algunas víctimas señalan que les hubiera gustado seguir trabajando, «pero el Cuerpo no dispone de un sistema efectivo para la reincorporación paulatina de las víctimas». «Yo me pasaba noches enteras sin dormir, daban las 8 y no había pegado ojo, pero tenía que acudir a mi puesto, pero sin descansar es imposible trabajar bien», indica, para añadir que la Guardia Civil debería contar «con puestos reservados a personas que sufren algún tipo de incapacidad». Este periódico se ha puesto en contacto con el Instituto Armado, pero ha rehusado participar en el reportaje.