El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, recordó hoy que la “gran mayoría” de los incendios forestales tienen origen humano, tanto por negligencias como por intención, y pidió la “máxima precaución” en el entorno rural para “evitar negligencias que pueden tener terribles consecuencias” y que “se denuncie”, cuando haya constancia de que alguien ha provocado un fuego de forma intencionada.

Javier Izquierdo, quien calificó de “extraordinaria” la colaboración “en todo momento” con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios en toda Castilla y León, hizo estas declaraciones durante la visita a las obras de emergencia en las zonas afectadas por el grave incendio forestal declarado el día 15 del pasado mes de agosto en Lober de Aliste.

El fuego, que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, afectó a los términos municipales de Gallegos del Río, Vegalatrave y Losacio y permaneció activo durante seis días, con un saldo de más de 1.900 hectáreas quemadas, la mitad de las cuales fueron de arbolado y matorral.

El delegado estuvo acompañado por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián; el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Manuel Ignacio Moreno; el director de las obras, Manuel Rodríguez; personal de la empresa Tragsa, adjudicataria de los trabajos, y el alcalde de Gallegos del Río, Pascual Blanco; la alcaldesa de Vegalatrave, Isabel Álvarez, y el regidor de Losacio de Alba, Santiago Campo.

“Fue el incendio más importante registrado entonces en Castilla y León y, durante unos cuantos días, de España, con casi 2.000 hectáreas quemadas”, indicó.

“En estos momentos, se acomete la restauración de los terrenos, que nos permite ver la colaboración de las administraciones y también de lo que pasa más desapercibido. Todos somos muy conscientes del daño del incendio cuando se produce y del riesgo para las vidas pero debemos ser conscientes de que el daño permanece y tarda en reponerse. Los daños generan perjuicios a quienes viven en el territorio, ganaderos y fuentes de suministro de agua a las poblaciones”, expuso.

En este contexto, Izquierdo Roncero consideró que la actuación del Gobierno de España fue “tremendamente célere” ya que, el día 20 del pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó obras de emergencia por importe de 500.000 euros, que se están acometiendo en estos momentos y que, “si no hay complicaciones”, terminarán en torno al mes de marzo de 2021, según anunció. “Son obras que pretenden evitar los aportes de cenizas a los acuíferos, reponer pastizales y masa forestal y restituir elementos dañados como abrevaderos para el ganado”, precisó.

El delegado del Gobierno en Castilla y León valoró, además de la “estrecha” colaboración institucional, la labor desarrollada durante las primeras horas del incendio por los vecinos y la Guardia Civil, así como los trabajos de reparación que realiza la empresa pública estatal Tragsa bajo la dirección facultativa de los técnicos de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, recordó los “dramáticos días” vividos durante el “sobrecogedor” incendio, uno de los mayores registrados en la provincia de Zamora. “Tuvimos 19 medios aéreos y 31 equipos de profesionales trabajando al cien por cien, con la suerte de que aquel fin de semana fue el único incendio en la provincia. Si no es por la ayuda, también, de los vecinos de estas localidades se habría complicado muchísimo por el viento y la dificultad del terreno”, destacó.

“El coste de los medios utilizados para apagar el incendio fue de 320.000 euros”, precisó, además de hacer hincapié en la “colaboración” entre las instituciones. “Al final, los vecinos no entienden de diferencias ni de ideologías y lo importante e maximizar los recursos que tenemos. Lo más importante ha sido la celeridad administrativa”, rubricó.