El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó hoy en Ávila que la Junta revisará si el cuadro de indemnizaciones por los daños de ataques de lobos es “suficiente”. En este sentido, señaló que, aunque se han mejorado las indemnizaciones, están “emplazados a una próxima reunión” para revisar ese cuadro. Se hace además ante situaciones como la de Ávila donde cree que no es aceptable que haya “1.000 daños del lobo al año” por lo que cree que hay que “rebajarlo”.

Suárez-Quiñonez,que mantuvo un encuentro con el presidente de la Diputación abulense, Carlos García, recordó  que en el caso de Ávila, al sur de Duero, el lobo no se puede cazar al ser una especie protegida por directiva europea. Aún así no se le escapa la colisión “brutal” del lobo con la ganadería extensiva “en cuanto a los daños y el incremento de daños que se han producido durante todos los años de la pasada legislatura hasta llegar hasta los 1.000 sucesos de enfrentamiento, de daños del lobo a ganadería”.

Aún así, explicó que con las diferentes medidas puestas en marcha se ha permitido que tras años en los que los daños han ido en constante aumento, puede que en 2019 no haya subida o incluso “una leve bajada”, por lo que cree que “las medidas empiezan a tener un efecto”. Esto se produce, argumentó, dado que en el primer semestre bajaron los ataques en la provincia de Ávila por primera vez y se espera que al cierre del año no se experimente ninguna subida o se llegue a bajar.

Esto se produce cuando actualmente “no hay un equilibrio aceptable, no es aceptable que haya 1.000 daños del lobo al año en la provincia de Ávila, hay que trabajar para rebajarlo al máximo”, insistió.

En cuanto a las diferentes medidas que se pueden tomar, recordó que las hay preventivas, como los cercados, mastines y buenas prácticas, pero cree que es “muy difícil” este tipo de acciones porque la “ganadería extensiva está en el monte y comparte el hábitat con el lobo y hay que respetar la forma de manejo del ganado” en buena parte de Castilla y León como ocurre en Ávila, Salamanca, sur de Zamora o Segovia.

En cuanto a las indemnizaciones, “en Castilla y León compensamos los daños del lobo a la ganadería con unas ayudas que hemos modificado”, aseguró, pasando de pagos que se hacían en un plazo de un año a estar ahora “entre 23 y 30 días”. Pero en la Junta son conscientes de que “el ganadero no quiere que se indemnice, quiere que no se le mate al ganado por el lobo, pero sabe que es inevitable que haya daños” aunque también reconoce Suárez-Quiñones que “no puede haber es tantos daños”.

A ello hay que unir una tercera opción de acciones, que son las medidas excepcionales de control, con extracciones de ejemplares (abatir lobos). Este año, a través de los distintos controles de lobo en las comarcas abulenses ante incrementos de daños, se han abatido cuatro lobos y hay uno pendiente que está ordenado.

Suárez-Quiñones aseguró, ante toda esta situación, que están “al lado de los ganadero” como “personas que son imprescindibles en el medio rural”. Más allá de la situación concreta del lobo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente recordó que se está trabajando en una nueva ley de caza, en la que ahora mismo se está en los trabajos previos para aprobar el anteproyecto, llevarlo al Consejo de Gobierno y presentarlo en las Cortes en el primer periodo de sesiones del año 2020.