La segunda sesión de la comisión de investigación de Aguas se centró en la política de personal que se ha llevado a cabo desde que en 2011 se convirtió en sociedad (antes era un servicio municipalizado). La reunión de cinco horas, con un receso de 30 minutos, sirvió para que los concejales del equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos, y el PP se reprocharan mutuamente los fallos en los procesos de selección y promoción de la cada vez más diezmada plantilla, 87 puestos cubiertos de los 119 que debería tener para funcionar correctamente. 

La discusión se centró en la fórmula para seleccionar a los trabajadores, -solo hay once que entraron por oposición según se puso de manifiesto-, y en la promoción que nunca se ha llevado a cabo, así como los últimos acontecimientos en los que el bipartito se vio obligado a rectificar propuestas del hasta ahora gerente, Juan Antonio de Miguel, para prescindir del número 2 de la empresa pública y de la asesora jurídica, personas con las que este mantenía un enfrentamiento. 

El presidente de la Sociedad, Miguel Balbás, defendió a su antecesora, la socialista Nuria Barrio, y subrayó que la política de personal «ha dejado mucho que desear a lo largo de toda la historia». «Una de las personas que compareció ha dicho que entró a trabajar por un conocido, que era encargado y le dijo que se pasara por allí. Había una ausencia total de procesos selectivos desde siempre».

Balbás subrayó que el bipartito ha empezado a trabajar para «cambiar las cosas» e ir convocando procesos de selección como los impulsados para cubrir las plazas de director técnico, responsable de la asesoría jurídica, director de laboratorio y jefe de la depuradora. «En 20 años no se ha sacado un proceso de selección y habrá que trabajar en la promoción interna».

La portavoz del PP, Carolina Blasco, calificó de «desastrosa» la gestión actual y defendió la suya amparándose en numerosas reuniones con el comité de empresa. «Han tratando de señalarme cuando el bipartito ha intentado hacer contratos fraudulentos con relevistas y no ha negociado la oferta pública de empleo, que está supeditada a anulación por su dudosa legalidad», afirmó, al tiempo que señaló que la Sociedad «está a la deriva» (...).

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