El otro día, en una comida con mi grupo de amigos -distancia mediante por aquello de la covid-, alguien propuso que quizá si los políticos ganasen más dinero se evitaría que metan la mano en la caja. Pero no sólo eso. Otro defendió que deberían cobrar más para que así lleguen los mejores a los puestos verdaderamente relevantes ya que, a su juicio, ahora hay muchas personas que rechazan cargos de responsabilidad por estar mal pagados en comparación con la empresa privada. 

Mi pregunta fue si les subirían el sueldo a todos los políticos, así en general, o sólo a algunos. A nadie se le escapa que hay niveles y niveles. Casos y casos. Los más de 73.000 euros que ganan la mayor parte de los procuradores de las Cortes de Castilla y León, sin sumar portavocías o dietas, resultan un sueldo más que digno. ¿No creen? Cuántos jóvenes y no tan jóvenes, inmersos en un aluvión de desesperanza, hartazgo y miedo, suspirarían por una parte de ese salario y condiciones, por romper con la brecha que está condenando a la generación mejor formada de la historia a vivir peor que sus padres por mucho que algunos lo nieguen...

Dentro de toda la escala de políticos, la mayoría de los presentes en esa comida coincidimos en que quienes sí merecerían ya no una subida de sueldo, sino directamente un sueldo, son los alcaldes del medio rural. Por su labor encomiable. Por horas y horas de esfuerzo en aras de una recompensa colectiva. Por llamar una y otra vez a puertas que no se abren, pero no por eso dejan de intentarlo. Por quitarse horas de sueño y robar tiempo a sus familias en beneficio de sus pueblos, simplemente por amor a sus raíces. Por fortuna, se me ocurren unos cuantos en la Ribera del Duero. El viento no sopla a su favor, pero resisten. ¿Hasta cuándo?