La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, según la cual el Ayuntamiento de Trespaderne habrá de abonar 265.811 euros a la constructora que urbanizó el polígono industrial frente a los más de 900.000 que ésta reclamaba, obligará al equipo de gobierno a solicitar un préstamo bancario. Los presupuestos municipales de 2020, ya aprobados inicialmente por el pleno, contemplan solicitar un crédito de 166.000 euros, a los que se sumarán otros casi 100.000 euros provenientes de los ingresos municipales (40.000) y de la antigua junta de compensación del polígono (60.000). Será la primera vez que el equipo de gobierno de Iniciativa Merindades eleve la deuda municipal con los bancos desde su llegada al Ayuntamiento en 2011, mientras que aún sigue pagando deuda bancaria contraída por los gobiernos del PSOE, que pidieron el último préstamo de 150.000 euros en 2010.
La sentencia del TSJ podría ser firme en este mes, salvo que la constructora decida presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, del que no tienen noticias en el Ayuntamiento. Así pues, el equipo de gobierno está dando todos los pasos para estar en condiciones de efectuar el pago lo antes posible y no sumar intereses de demora. El presupuesto de 2020, que suma 1.337.666 euros, deberá pasar un mes en información pública para volver a ser aprobado de forma definitiva en el pleno. Hasta entonces no se podrá disponer del préstamo.
Por tanto, las cuentas municipales de Trespaderne seguirán asumiendo gastos del pasado, dado que el capítulo de gastos en amortización de deuda bancaria subirá de los 35.034 euros de 2019 a 82.724 en 2020. Asimismo, crecerán las inversiones de 352.649 a 464.203 euros, pero no de forma real, sino porque el pago de la deuda del polígono está integrada en este apartado.
Otras inversiones que si se van a efectuar en 2020 se destinarán a la pavimentación de calles, aún sin determinar, la eficiencia energética del colegio Tesla con la instalación de nuevas ventanas y otras mejoras, obras de reforma también para la mejora de la eficiencia energética en el albergue de la antigua estación de ferrocarril, la renovación de la cubierta y estructura del lavadero o la sustitución de los sistemas informáticos municipales.
Mientras, los ingresos se mantendrán en cotas similares a las del pasado año. Los impuestos directos (IBI, IAE o de vehículos) supondrán la misma cantidad, 388.617 euros, mientras que los indirectos se reducirán de 60.000 a 30.000, al reducirse las licencias de obra. Las tasas de agua o basura, entre otras, precios públicos y otros ingresos serán de 267.817 euros, una cantidad también menor que en 2019, mientras que crecerán las transferencias corrientes y de capital llegadas de otras administraciones. Este año por primera vez, las licencias de obra que generen las licencias de obras realizadas en pedanías irán a parar directamente a sus juntas vecinales, tal y como acordó el último pleno del año.
Saldado más de un millón de deuda
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Trespaderne llevan casi una década inmersos en el pago de deudas que se generaron durante los gobiernos del PSOE. Una de las primeras que tuvo que afrontar la actual alcaldesa, Isabel López, en 2012 sumaba 330.487 euros por a facturas impagadas antes de su llegada al Consistorio y que la conocida como ‘Ley Montoro’ obligó a sacar de los cajones municipales. Se acabó de pagar en abril de 2018.
El pasado diciembre también se concluyó el abono de 486.300 euros al Ministerio de Industria por la incorrecta gestión de una ayuda del Plan de Reindustrialización otorgada al Ayuntamiento en 2010. Cuando la alcaldesa llegó a su puesto, 280.000 euros de la ayuda se habían destinado a otros fines y hubo que devolver buena parte más intereses de demora. En estos años también ha devuelto casi 100.000 euros al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al no poder justificar en qué se gastó una ayuda para fines turísticos pedida hace más de una década, así como una deuda de 51.000 euros con la Mancomunidad Ebro Nela por la recogida de basura. Además, una sentencia judicial obligó en 2017 a abonar 105.000 euros por el depósito construido en la etapa socialista.