El Instituto para la Transición Justa ultima estos días los detalles de la zonificación del territorio que se beneficiará del futuro convenio para la transición justa llamado a financiar proyectos de desarrollo que sirvan para paliar en la medida de lo posible las negativas consecuencias económicas que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña ha dejado en su entorno. A falta del documento definitivo, DB ha tenido acceso al primer borrador ya enviado a todas las instituciones y organismos concernidos y en el que aparecen 27 municipios, 24 burgaleses y tres alaveses. De ellos, 14 están situados dentro del radio de 10 kilómetros alrededor de la planta nuclear y otros 13 han sido sumados por el impacto económico que el cierre ha tenido sobre ellos y por coherencia territorial, ampliándose así las actuaciones a un espectro más amplio. Entre los más alejados de la central se suman los municipios y ciudades más poblados, como Medina de Pomar, Miranda de Ebro y Trespaderne.

En el radio más cercano a Garoña se ubican los 14 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares:Valle de Tobalina, Frías, Sierra en Tobalina, San Zadornil, Cuesta Urria, Oña, Pancorbo, Bozoo, Encío, Miraveche, Cascajares de Bureba, Santa Gadea del Cid, Lantarón y Valdegovía, estos dos últimos en Álava. A todos ellos se sumarán los tres ya citados, así como Ameyugo, Busto de Bureba, Cubo de Bureba, Cillaperlata, Navas de Bureba, Quintanaélez, Santa María Ribarredonda, Berberana, Villanueva de Teba y Ribera Baja, este último en Álava.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prevé formalizar la firma del protocolo que dará paso al futuro convenio a finales del mes de enero, como han confirmado a DB desde el Instituto para la Transición Justa. Salvo cambios de última hora, el convenio será suscrito por el ministerio, los gobiernos de Castilla y León y el País Vasco, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac). Esta última ya suscribió en noviembre el protocolo que desarrollará el convenio para la transición justa en el área de la central nuclear de Zorita.

El objetivo prioritario de los convenios, según el ministerio, «es el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en esos territorios a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población, y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico». En el caso del entorno de Garoña, la parada del reactor en 2012 fue el detonante del comienzo de la destrucción de cerca de un millar de empleos directos e indirectos, aunque el cierre definitivo no llegó hasta agosto de 2017. Ocho años después, todas las instituciones burgalesas y castellanoleonesas esperan que la firma del protocolo se produzca cuanto antes. A partir de este documento se iniciará un proceso de participación pública para que los ciudadanos y agentes sociales aporten ideas sobre la estrategia a seguir y los proyectos que buscarán revitalizar la economía del entorno de Garoña. Para ellos, el Gobierno central buscará financiación.

En el caso de esta zona se da la circunstancia de que los 14 municipios del área de los 10 kilómetros ya han diseñado su propia estrategia fruto de un proceso de participación pública y el trabajo técnico de Sodebur, Ceder Merindades, Adeco Bureba o el grupo de acción local de Salinas de Añana. Esta estrategia fue presentada en Tobalina en enero de 2018 y planteaba un total de 22 proyectos que precisan de una inversión de 119 millones.

Según ha podido saber DB, desde el Ministerio para la Transición Ecológica han previsto que para la definición de la estrategia definitiva que se seguirá en el entorno de Garoña se volverá a abrir un proceso de participación pública con los 13 nuevos municipios que no participaron en el primero y se tratarán de encajar en un documento conjunto tanto las iniciativas ya diseñadas por los municipios de Amac como otras que puedan surgir.