Efectivos de la Guardia Civil han detenido a tres personas e identificado a siete víctimas en Valladolid en el marco de una operación contra una red trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores.

En concreto, en el marco de la operación 'Ceapa' se ha detenido al propietario de una empresa y dos trabajadores de nacionalidad rumana de una explotación agrícola, éstos últimos encargados de realizar labores de captación de las víctimas. Asimismo, se ha identificado a siete víctimas (seis de nacionalidad rumana y una de Mali) que actualmente se encuentran trabajando de manera legal en otras empresas del mismo sector.

La empresa del sector agrícola se ubicaba en la provincia de Valladolid y, en la inspección realizada junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se detectó que era práctica habitual el empleo de trabajadores, los cuales carecían de contrato y desconocían la jornada que iban a realizar y salario que iban a percibir.

Estos hechos se producían desde octubre de 2018, cuando el grupo criminal ofertaba puestos de trabajo en campañas agrícolas, con una supuesta remuneración diaria que sería acorde a su trabajo y una alimentación y estancia dignas, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Las pesquisas realizadas revelaron que las víctimas fueron reclutadas en la provincia de Zaragoza, en entornos sociales "extremadamente vulnerables", de manera que se aprovechaba del deseo y esperanza de tener una vida con más oportunidades para mejorar, para lo que se les ofrecían unas condiciones de trabajo aparentemente atractivas.

Las victimas vivían en un entrono de desarraigo y presentaban dificultades para entender y hablar el castellano y se las trasladaba hasta las explotaciones agrícolas donde realizaban tareas del sector. Se les ofrecían unas remuneraciones que posteriormente no abonaban a los trabajadores.

Además, les cobraban conceptos por el traslado desde su lugar de residencia hasta la explotación agrícola, por el alojamiento y la manutención, o por distintas gestiones administrativas.

Las condiciones de trabajo detectadas incluían jornadas laborales muy superiores a los estándares regulados (13-14 horas), durante las cuales apenas tenían un descanso de una hora para comer, que se descontaba de su remuneración laboral.

Los trabajadores percibían una mínima cuantía y se alojaban en una vivienda propiedad de un familiar de uno de los detenidos, un alojamiento que se ubicaba en la provincia de Salamanca y que se encontraba en condiciones "totalmente insalubres y antihigiénicas" e incluso carecía de aseos.

Una vez que las víctimas finalizaban su jornada laboral, los captadores, a los que ahora se ha detenido, realizaban labores de control en los lugares donde pernoctaban.

Una de la victimas sufrió un accidente laboral consistente en la caída de un palé, del cual no fue atendido ni por parte de la empresa se le facilitó atención alguna, aunque con posterioridad tuvo que desplazarse a un centro médico para su tratamiento.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo.

COLABORACIÓN

La operación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid. Asimismo, ha intervenido en las actuaciones el Equipo ROCA de Medina del Campo.

Esta colaboración se enmarca dentro de los grupos creados entre ambas instituciones cuyo objetivo no es solo contar con una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delito, sino también favorecer la coordinación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los diversos organismos y entidades sociales que se ocupan de la protección de los seres humanos que sufren este execrable crimen.

Asimismo, la Guardia Civil a principios de año inició la campaña "trabajo-forzoso" contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

El proyecto tiene por objetivo la prevención y fundamentalmente la concienciación de la sociedad sobre esta "dura realidad" ante la que la Guardia Civil ha advertido de que hay que "fomentar la denuncia y mostrar una clara intolerancia".

A este respecto, ha recordado que las conductas en el ámbito laboral encaminadas a defraudar a la Seguridad Social afectan al bienestar social, ya que fomentan la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimulan la corrupción y atentan contra los derechos de los trabajadores.