La oferta pública de empleo de la Diputación, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, sigue generando polémica y posiciones enfrentadas entre sindicatos. "No vamos paralizar el proceso para esperar a la resolución judicial y en breve publicaremos las bases y temarios de la oferta pública de empleo (OPE) que incluye las plazas de 2017, 2018 y 2019", aseguró el pasado viernes, al finalizar la junta de Gobierno, el vicepresidente primero y responsable de Personal de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, quien señaló que el procedimiento sigue adelante con informes técnicos y jurídicos favorables. "La gente necesita trabajar y vamos a continuar con el proceso para que puedan presentarse a la oferta de empleo de la Diputación", confirmó Rodríguez.

En total, la oferta de empleo incluirá un total de 260 plazas, la mayor parte de ellas con destino a las cinco residencias de mayores que gestiona la institución, ya que 105 son de auxiliar de Enfermería y 53 de limpiador. También destacan las 23 plazas de trabajador social. En total, 33 plazas son de personal funcionario y el resto, es decir 227, de personal laboral.

Tras el anuncio del diputado de Personal, Lorenzo Rodríguez, de continuar adelante con la convocatoria de 260 plazas sin esperar a conocer el fallo del TSJCyL sobre el recurso presentado por CCOO en relación a las plazas de reposición de la OPE de 2018, desde UGT han solicitado al equipo de gobierno que "paralice" el proceso hasta que se conozca la resolución judicial.

Natalia López Molina, responsable de la sección sindical de UGT en la Diputación, ha solicitado a CCOO "que retire la demanda porque no tendrán ninguna repercusión favorable, si no todo lo contrario, repercusiones negativas para los trabajadores" y al equipo de gobierno (PP y Cs), "diálogo, tranquilidad y calma, porque existe una inseguridad jurídica sobre el procedimiento de la oferta de empleo".

Además, López Molina reclama a todas las partes que "se piense en los trabajadores porque esto se están convirtiendo en una guerra de titanes, lo que solo tiene malas consecuencias para los trabajadores" y que la oferta "se quede sobre la mesa y se sienten a hablar para buscar soluciones y que nadie salga perjudicado".

Además, la portavoz de UGT asegura que la oferta "tiene que salir por el proceso de estabilización y las bases, que se acordaron con nuestro sindicato, que creo son beneficiosas, pero también es verdad que se acordó que al ser un proceso de estabilización tenían que salir las ofertas de los tres años juntas" e insiste en que, a pesar de los recursos judiciales, "podrían salir este mismo año, lo pueden hacer, pero tienen que esperar a buscar una vía de unión y ser cabales". 

A la espera. CCOO, por su parte, está a la espera de conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a su recurso sobre la oferta de empleo de 2018. "Seguiremos el mismo camino que con la oferta de 2018 e iremos a la vía judicial porque consideramos que no ha existido una negociación de los criterios generales, la negociación ha sido un intercambio de cromos", indicaron desde el sindicato.

Además, CCOO insistió en sus críticas a la oferta de 2019, "porque no sacan plazas cubiertas por interinos y no puede haber plazas que no tengan puesto en la RPT", argumentó el sindicato como parte del recurso que llevará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Sobre la repercusión de esos recursos, si se realizan los exámenes, desde esta organización sindical apuntaron que solo afectarán a las plazas que están en tela de juicio", es decir, a 46 puestos, muchos de los cuales están ocupados por interinos y eventuales. .

Recado a CCOO. En relación a la postura de CCOO, la portavoz de UGT afirma que "su afán de judicializarlo absolutamente todo no beneficia a los trabajadores y éstos tienen que saber que la consecuencia es que si aprueban el examen y CCOO gana lo van a tener que volver a hacer". 

López Molina insiste en "tender la mano tanto a CCOO como a la Diputación, entendiendo que creemos que se equivoca este sindicato, que la situación no beneficia a nadie y que la institución provinical puede seguir adelante y echar un órdago".