En una de las mayores operaciones contra el tráfico ilícito de armas, la Policía Nacional desmanteló una gran red que operaba a nivel nacional y detuvo a 21 personas, una de ellas en Burgos. Se trata de A.H.F., de 31 años, que guardaba en un domicilio de la capital un total de 72 armas de fuego, muchas de ellas ni siquiera estaban homologadas. Además, tenía montado un pequeño taller clandestino en el que encontraron unos 35.000 cartuchos que, al parecer, estaban usados y él mismo había conseguido rellenar de manera ilegal. Los investigadores tratan ahora de encontrar conexiones internacionales.

La Brigada Provincial de Información fue la encargada de hacer un registro en un domicilio de la avenida de Cantabria el pasado día 18 de junio. La Comisaría General de Madrid coordinó ésta y otras 31 entradas en toda España para localizar y desmantelar esta red de compra-venta ilegal de armas. Según fuentes consultadas por este periódico, de las 72 armas que guardaba este individuo en casa, todas ellas preparadas para disparar, aunque 14 no contaban con ningún tipo de licencia ni tampoco de homologación. Pero la mayor sorpresa se la llevaron al entrar en su trastero, donde tenía montado un pequeño taller clandestino. Estaba dentro de los siete arrestados, todos ellos con habilidades y conocimientos necesarios para realizar modificaciones, que poseían este tipo de locales. 

Por lo visto, A.H.F., muy aficionado a la caza y al tiro, compraba piezas por internet a precios inferiores y las montaba en el trastero. Allí también encontraron unos 35.000 cartuchos, los cuales estaban previamente usados y él mismo rellenaba con pólvora, otra práctica que realizaba, supuestamente para ahorrar dinero. En este taller disponían de accesorios específicos para la modificación, como tornos, fresadoras y herramientas de precisión.

Una de las actividades detectadas por los investigadores fue la transformación de armas de fuego semiautomáticas en armas de fuego automáticas o de guerra. Para su modificación se hacían valer del método calificado en el argot policial de ‘canibalización’. Los expertos en el tráfico ilícito constataron cómo los implicados empleaban los servicios de paquetería postal para enviar y recibir de manera discreta piezas fundamentales, que después utilizaban para rehabilitar o ensamblar a otras diferentes. Sin embargo, cuando la venta involucraba a material de guerra, las transacciones se materializaban de manera personal con citas de seguridad.

La investigación, que comenzó hace más de un año, continúa abierta para saber si el principal responsable de la red cuenta con más conexiones fuera de España.