Las Cortes suben un 10% la asignación a los grupos

Santiago González
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Luis Fuentes anuncia el encargo de un informe jurídico y económico para valorar la posibilidad de que todos los procuradores puedan tener dedicación exclusiva y un sueldo

La Mesa de las Cortes se reunió por segunda vez y aprobó sus primeras decisiones sobre la organización interna. - Foto: Ical

Los grupos políticos de las Cortes dispondrán este año de un 10 por ciento más de fondos económicos tras el acuerdo adoptado ayer por la Mesa de las Cortes. Esta propuesta del PP, aceptada por todos los demás con excepcion de los socialistas, incrementa la asignación a los partidos con representación parlamentaria. El PSOE denunció que la medida obedece al «varapalo sufrido» por los populares al perder 13 parlamentarios en esta legislatura y contar con menos dinero.
Esta fue la primera decisión de la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, como explicaron después los portavoces y el presidente de la Cámara, Luis Fuentes, quien detalló, como antes hizo Raúl de la Hoz (PP), que la asignación se redujo en varias ocasiones desde 2010 entre el 10 y el dos por ciento, de manera que ahora se pretende recuperar de manera progresiva.
Así, en el primer periodo de sesiones, que va de septiembre a diciembre, se aplicará una subida del 10 por ciento en la cuantía de los grupos tanto en la cantidad fija como variable por procurador elegido. En este momento, la subvención fija de 3.500 euros mensuales a cada grupo pasará a 3.850 euros, y la variable irá de 3.330 a 3.660 por procurador al mes. El presupuesto total se eleva de 295.120 euros mensuales a 311.860 euros.
Con el reparto anterior, el Grupo Popular contó en la pasada legislatura con sus 42 procuradores con 143.360 euros al mes y 1.720.320 euros al año; el Socialista, entonces con 25 parlamentarios, con 86.750 al mes y 1.041.000 anuales; Podemos, que tuvo diez escaños, con 36.800 y 441.600; Ciudadanos, que contó con cinco, recibía 20.150 y 241.800; el Mixto, hubo dos procuradores, con 8.060 y 96.720, respectivamente, según informa Ical.
Tudanca enmarcó este incremento retributivo en el «varapalo» de pérdida de procuradores por parte del PP y en el «reparto del botín» ante la pérdida de cargos institucionales y «comprar» a Cs, así como a que «fruto de la Gürtel ya no tienen sobresueldos ni caja B».
Por su parte, De la Hoz argumentó que la situación era «casi irregular» y que las Cortes es uno de los parlamentos autonómicos con menor gasto, así como que los propios grupos deben pagar a sus trabajadores eventuales, lo que no pasa en otros ni en el Congreso. Así, además de adecuarse a la nueva situación tras la crisis, unió la composición del Mixto, con cinco miembros de cuatro partidos distintos.
El popular criticó la «demagogia» del PSOE, con su voto en contra, y el socialista censuró que se haya roto el consenso de los últimos 30 años cuando los grupos en la primera reunión de la Mesa y Junta de Portavoces acordaban, como señala el Reglamento, el régimen económico de los grupos y los procuradores.
La propuesta del PP fue recogida por Francisco Igea (Ciudadanos), Pablo Fernández (Podemos) y Pedro José Pascual (Por Ávila). Fernández asumió que dan una «imagen lamentable» con esta subida de la asignación,  pero insistió en que se solucionaría con las dedicaciones exclusivas y un salario tope de tres veces el mínimo interprofesional.
Informe

Precisamente, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, anunció la petición de un informe a los servicios jurídicos y económicos para valorar la posibilidad de que todos los procuradores, siempre de manera voluntaria, puedan tener dedicación exclusiva y sueldo.
Fuentes precisó que se trata de una propuesta pero que no es una «prioridad» la liberación de todos los parlamentarios, aunque sí recordó que las Cortes de Castilla y León es la Cámara más austera.
No es la primera vez que se abre la posibilidad de estudiar la profesionalización de los procuradores, siempre de manera voluntaria, como subrayó también el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, fue el que defendió con mayor claridad que los parlamentarios puedan tener un salario de la Cámara, que fijó en un máximo de tres veces el salario mínimo. «Sería más transparente» que el actual régimen económico, argumentó.
Por su parte, Igea reconoció una «situación anómala» en las Cortes, pero añadió que la solución no pasa por aumentar el gasto, sino por eliminar «triquiñuelas», en referencia a que varios procuradores firmen una iniciativa o asistencias a comisión.