Era 31 de julio de 2020 y entre la gran cantidad de vehículos que se desplazaban a lo largo y ancho de la provincia de Burgos en un verano atípico la Guardia Civil logró identificar a uno que no transportaba precisamente maletas. Durante un control rutinario en la AP-1, localizaron en un Toyota en el que viajaban tres individuos de nacionalidad Colombiana varios kilos de ketamina. Fueron inmediatamente detenidos y dos de ellos ingresaron directamente en prisión. Tras sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial, los tres narcos pactaron con el Ministerio Fiscal penas que van de los dos a los tres años y medio de cárcel. 

El arresto de los tres individuos se produjo cerca de las 16 horas del mencionado día en el enlace de la A-1 con la vieja autopista, en el kilómetro 245. L.H.D.L., H.A.M.B. y A.G.A., todos ellos de nacionalidad colombiana pero afincados en Madrid, se vieron obligados a pasar por un control dispuesto por la Benemérita. El coche en el que viajaban llevaba bastante droga, pero bien escondida en uno de los huecos. Los agentes lo registraron a conciencia hasta encontrar en el maletero, debajo de la rueda de repuesto, dos paquetes con un peso neto de 9.989,50 gramos de ketamina, una sustancia alucinógena muy extendida entre los jóvenes, especialmente en ambientes festivos de discoteca y sesiones de música electrónica. 

La manera en que la transportaban dio a la Guardia Civil la pista necesaria para concluir, y así viene recogido en la sentencia, que se trataba de una droga que pretendían distribuir y vender a terceras personas. Al ser H.A.M.B. el propietario del vehículo, entendieron que era quien estaba detrás de este tráfico de estupefacientes por lo que el juez de instrucción lo mandó a prisión junto con A.G.A.

Allí permanecieron hasta el pasado 20 de mayo, cuando la Audiencia Provincial juzgó a los tres narcos acusados de un delito de tráfico de drogas que afectan a la salud pública. La Fiscalía solicitaba para el cabecilla cinco años de cárcel y tres para los otros dos, así como el pago de multas por valor de medio millón de euros. Sin embargo, sus defensas lograron alcanzar un acuerdo para reducir las penas prácticamente a la mitad (...).

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