La pandemia continúa haciendo de las suyas en todas las disciplinas deportivas. También en el ciclismo, donde los cambios necesarios para adaptar las carreras a la nueva realidad existente han disparado el coste de la quinta edición de la Vuelta Ciclista Júnior a la Ribera hasta los 167.231,62 euros. Una cuantía libre de impuestos en licitación y que, según el propio concejal de deportes arandino, Carlos Fernández, acabará elevándose realmente hasta los 218.000 según la tasación de sus técnicos.

«El precio sube, pero hemos tenido que hacerlo así porque la ley de contratación ha cambiado de dos años para acá», ha señalado éste a DB indicando que, con el nuevo sistema, la cita se encarecerá al no poder disponer, por ejemplo, de personal voluntario para apoyar a la organización. «Es una figura que deja de existir», manifiesta, «porque ahora todo el personal tiene que estar contratado y con Seguridad Social ante posibles inspecciones de trabajo».

No es, sin embargo, el de los voluntarios el único obstáculo al que se ha tenido que enfrentar el consistorio a la hora de preparar la presente edición. Otro punto crítico para la celebración de la cita ha sido el nuevo protocolo COVID implementado por UCI y federaciones para la organización de las carreras. Un escenario que obligará a separar en grupos burbuja a ciclistas, organización, medios, etc., y que supondrá también un incremento de gasto notorio al tener que «alquilar, entre otras cosas, más habitaciones de hotel».

En definitiva, hechos asumidos este año, pero que preocupan al edil de cara al futuro al reconocer Fernández que Aranda «no puede permitirse gastarse 200.000 euros en una prueba de cuatro días». «En esta ocasión teníamos ya la mitad del trabajo hecho y por eso nos hemos arriesgado a sacarlo, pero vamos a ver qué ocurre en adelante».