Parece que el viaje del proyecto de Presupuestos Generales del Estado llegó a su destino. Tras un largo camino que ha retratado la altura de algunos y la bajeza de otros y alguna foto para la historia de nuestra ignominia nacional, hace unos días se aprobaron en el Congreso las cuentas generales del Gobierno con los votos de ERC y EH Bildu.

Desde Ciudadanos votamos no a estas cuentas. Tras un esfuerzo extenuante por brindar al PSOE una alternativa que impidiera a partidos que trabajan por resquebrajar España determinar su gobernabilidad, tal como, además, prometió el Pedro Sánchez a quienes sus votantes le otorgaron confianza, ha quedado meridianamente claro que este Gobierno no ha querido un acuerdo moderado y transversal. Al final, toda España ha podido comprobar cómo las llamadas a la unidad del Gobierno no han sido más que una maniobra retórica para acabar mercadeando y entregando los presupuestos a la mayoría independentista que aupó a Pedro Sánchez al poder.

Pero España no está para perder tiempo. Estos presupuestos se presentan en un momento determinante para el futuro de nuestro país porque enfrentan una de las mayores crisis recientes y deben acoger los fondos europeos que nuestros ciudadanos necesitan más que nunca para salir adelante. Sin embargo, también el ‘no’ de Ciudadanos responde precisamente a la ausencia de reformas en sintonía con lo que nos demanda Europa y a las certezas que ofrecen para abordar transformaciones capitales.

Así, los presupuestos del abrazo con Rufián y Otegi son también unos presupuestos que dan la espalda a nuestro campo y a nuestros agricultores y ganaderos.

La propuesta del Gobierno incluye 406,5 millones de euros procedentes de fondos europeos que serán utilizados a través de su Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2021. Esto representa únicamente el 1,5% de los fondos europeos y sitúa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la cola de las ayudas.

En un momento en que el sector primario europeo se ha demostrado determinante para resistir la crisis del coronavirus, es incomprensible que el Gobierno español dedique solamente el 1,5% de los fondos europeos al campo.

Más todavía si recordamos que nuestros agricultores y ganaderos pasan por momentos muy difíciles en los que les obligan a sumar problemas nuevos a los que ya venían arrastrando. Por un lado, el sector viene tocado por la imposición de tarifas y aranceles del gobierno de Donald Trump a nuestros productos agrícolas como consecuencia de la guerra comercial con la Unión Europea y por el embargo ruso, que seguirá vigente hasta 2021. A esto hay que añadirle los problemas nuevos de inestabilidad de la cadena alimentaria durante la Covid-19, el derrumbe de canales de venta como el de la restauración y la hostelería, o las restricciones a la movilidad de mercancías y temporeros.

Las instituciones europeas han propuesto que un 30% de los fondos se dediquen a la transición medioambiental y otro 30% a la digitalización de nuestra economía. El sector primario español debe ser un puntal y un enclave de encuentro entre ambos motores de crecimiento. Potencial no le falta. La digitalización del campo va necesariamente de la mano de una agricultura sostenible.

No habrá sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad económica. Y eso es justo lo que nos exigen unos consumidores cada vez más informados y que demandan alimentos de calidad con el menor impacto sobre el medio ambiente. Y nuestro sector primario necesita unas inversiones a la altura de tales desafíos.

Mientras algunos partidos negocian para ponerle puertas a España, nosotros trabajamos para ponerle presupuestos al campo.