Los juzgados de Villarcayo acumulan miles de folios de instrucción de casos vinculados con las decisiones que han tomado los políticos de Las Merindades. Las causas penales abiertas desde hace años, la más antigua desde 2011, hacen eternas las esperas de resoluciones, que las más de las veces acaban en el archivo o sobreseimiento de las causas. Siete alcaldes y exalcaldes de la comarca, tres de ellos de Villarcayo, tienen abiertas causas penales, mientras que otros seis concejales y exconcejales también se ven salpicados por  los procesos. 

La inestabilidad política en el Ayuntamiento de Villarcayo y la malograda coalición entre Ciudadanos e Iniciativa Merindades llevaron a este municipio a un elevado grado de judicialización. Tanto la exalcaldesa del PP Mercedes Alzola como el exregidor de Cs Miguel de Lucio y el actual de IM, Adrián Serna, están siendo investigados en el Juzgado de Villarcayo. Al día siguiente de que PP e IM presentaran en diciembre de 2016 una moción de censura que desbancaría del gobierno a Cs, los ediles de la formación naranja Miguel de Lucio, Jesús Argüelles, José Eugenio Alonso de Porres y la edil socialista Lidia Isla llevaron a la Fiscalía toda la documentación del caso del Campo de Aviación.

En enero de 2017 la Fiscalía remitió el caso al Juzgado de Villarcayo para que iniciara la instrucción por "posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos". El asunto, en el que está investigada Mercedes Alzola, se remonta a las decisiones tomadas en junta de gobierno local en 2009 y 2010, cuando se acordó recibir las obras de la urbanización Campo de Aviación para que sus calles pasarán a ser municipales. Alzola siempre ha defendido que las decisiones se tomaron sobre la base de "informes técnicos del arquitecto municipal, de la asesora jurídica municipal y de los servicios de Aguas y Electricidad, entre otros". Por contra, según  los informes de Cs, el Ayuntamiento tendrá que gastarse 750.000 euros en acabar la urbanización, mientras que la promotora solo ingresó un aval de 394.000 euros. El caso sigue en instrucción.

En 2017, Miguel de Lucio y Lidia Isla demandaron a Adrián Serna. En abril pasado, el juzgado de Villarcayo trasladó a la Fiscalía y a las partes un auto en el que se les planteaba que presentaran sus escritos de acusación o de petición de archivo. Fue recurrido por Serna y aún sigue sin resolverse. En este caso, la juez ve indicios de que pudo cometer prevaricación por abonar varias ayudas a negocios de la villa en base a un borrador de un acta de una junta de gobierno que se había celebrado con Miguel de Lucio en la Alcaldía. Aquellos pagos se realizaron en el primer trimestre de 2017, después de que Serna pidiera a la entonces secretaria municipal copia de las actas de junta de gobierno de sus antecesores para cumplir los acuerdos. De la misma junta de gobierno se manejaron dos documentos, uno que contenía la concesión de las ayudas y otro sin ella firmado por De Lucio.

En 2018 se inició el tercer caso penal de Villarcayo por la contratación de un gerente para el matadero entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2016. El Ayuntamiento decidió poner el caso en manos de la Fiscalía y esta lo elevó al Juzgado de Villarcayo, donde el primer investigado fue Miguel de Lucio. El fiscal señaló que "el nombramiento del gerente no se sustenta en ningún acto administrativo, ni en expediente alguno que justifique su nombramiento". También vio que pudo haber "un mal uso de una tarjeta de crédito contra las cuentas del Ayuntamiento, aparte de abonársele en su sueldo unas asignaciones en especie por vivienda y vehículo de dudosa procedencia". En fechas recientes, la jueza también llamó a declarar como investigados a los ediles de la junta de gobierno local de entonces, Pepe Casado, Jesús Argüelles y Adrián Serna. Este último se negó a declarar y presentó un recurso contra el auto que aún no se ha resuelto. 

Caminos y mucho más. A pocos kilómetros de Villarcayo, el caso del cierre que impide el paso por los caminos de la finca Fuentehumorera en Rioseco va a convertirse en el más largo de la historia de los juzgados de Villarcayo, al estar en instrucción desde 2011. En él están implicados la alcaldesa socialista del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz, y cinco de sus ediles y exediles, imputados por el delito de prevaricación. La denunciante es la edil del PP Margarita Pérez, quien lucha contra las decisiones tomadas en un pleno en 2010 que acordó tramitar la permuta y desafectación de bienes públicos (caminos, depósitos de agua, fuentes...) para que se pudieran convertir en privados y quedaran en manos del propietario de la finca a cambio de otros terrenos.

Otra infraestructura pública, las obras de ampliación del cementerio de Las Machorras, sentó en el banquillo en 2018 a todo el antiguo equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Espinosa. La Audiencia Provincial les absolvió de los delitos de prevaricación y falsedad documental de los que fueron acusados tras la denuncia en 2013 de  la exalcaldesa Pilar Martínez (PP) y el exteniente de alcalde Juan José Angulo. Pero aún queda pendiente la celebración una vista por el contencioso-administrativo interpuesto por el alcalde de Las Machorras, Roberto Ortiz, contra las sanciones impuestas por el Ayuntamiento a la junta vecinal de 102.000 euros y a su persona, de 208.000.

En el Valle de Losa, los juzgados analizan si el alcalde del municipio, Juan Antonio Gutiérrez, y el exalcalde de Quincoces Pablo Villaluenga han podido cometer un delito de prevaricación por omisión tras la querella interpuesta en 2017 por la Asociación de Vecinos de La Hidesilla, por no haberse dado solución al estado de las calles de la urbanización, la mayor parte sin pavimentar desde hace 30 años. Pero mucho más complicada es la situación procesal del exalcalde de San Martín de Losa Benedicto Vadillo, quien ya fue condenado en 2016 a 14 meses de inhabilitación para cargo público por un delito contra los derechos cívicos. El exregidor está a la espera de una segunda sentencia tras el juicio celebrado en octubre y contra él se instruye desde 2013 una tercera causa por los delitos de estafa cometida por autoridad, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Le denunció la Asociación de Amigos de San Martín. El Juzgado de Villarcayo le reclamó en 2017 una fianza de 59.862 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele". Este es otro de los casos atascados.

Por contra, ya está en vías de solución el largo proceso judicial que ha enfrentado al Ayuntamiento de Trespaderne y el constructor Eugenio Fernández Valiente por el pago de las obras del polígono industrial. El Tribunal Superior de Justicia redujo el pasado mes a 265.811 euros la cantidad que se le debe abonar frente a los más de 900.000 que reclamaba. En unos días se sabrá si el constructor ha recurrido al Supremo. Otras empresas, como Codefer, esperan que concluya la instrucción iniciada en 2014 por el caso de la antigua cantera de Torres de Abajo por un presunto delito medioambiental debido al vertido de escorias de siderurgia. Sobre la empresa y su representante legal penden embargos por valor de 6 millones de euros. El denunciante es el Ayuntamiento del Valle de Valdebezana.