Ha sido, hasta ahora, la cantidad más grande que la Consejería de Sanidad ha pagado, vía emergencia, para luchar contra la covid en la provincia de Burgos. También fue de las primeras. El 28 de abril se aprobó abonar de esta forma, que acelera el proceso porque evita la concurrencia de empresas y el tiempo que eso lleva, un total de 1.322.207,4 euros para alquilar un equipo que hiciera pruebas PCR destinado al servicio de Microbiología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Se trata, así, del grueso de lo gastado entre los meses de marzo y diciembre en suministros, material y otros servicios para hacer frente a la pandemia y que hasta el pasado 22 de diciembre hacía un total de 6.649.369,95 euros, tal y como aparece en el portal de transparencia de la Junta, al que se puede acceder a través del enlace https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia.
En esta página se pueden encontrar todo tipo de cifras de los expedientes de contratación suscritos por las consejerías y sus organismos autónomos para dotar de recursos a los sanitarios, y discrimina por provincias. Así, de Burgos aparecen 177 contratos que suman esa cantidad de 6,6 millones a los que hay que añadir otros 51 que hacen un total de 38.200 euros y se refieren a la residencia pública Hurtado de Mendoza, de Miranda de Ebro, por lo que la cantidad global gastada en la provincia asciende a 6.687.57. Con todo, este número no refleja con exactitud el gasto completo, que será bastante mayor, ya que hay mucho material consignado (guantes, pantallas faciales o mascarillas quirúrgicas) del que se no especifica el lugar de destino y se entiende que también han llegado dentro de los límites provinciales de Burgos.
El grueso de los pagos se comprometieron entre los meses de marzo y junio, que coincidieron con el confinamiento generalizado y la época más dramática en cuanto a contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, y los de mayor volumen tienen que ver con suministros hospitalarios. Así, después del millón trescientos mil euros para hacer PCR en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, aparece una cantidad similar para el arrendamiento y mantenimiento de un equipo abierto de extracción de ácidos nucleicos y PCR destinado también al laboratorio de Microbiología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Otros gastos, digamos, grandes, fueron los 716.029 euros que costó un kit de detección de la covid para el servicio de Microbiología del Hospital Santiago Apóstol, de Miranda, o la adecuación del hospital de campaña que se levantó en Aranda de Duero para dar soporte al Hospital Santos Reyes en el peor momento de la pandemia, que supuso un gasto de 238.259,83 euros en diversos servicios.
Como curiosidad, el gasto más pequeño es uno de 10 euros destinado a la compra de una tarjeta SIM para el CAMP de Fuentes Blancas, que es una residencia de atención a personas con grandes discapacidades psíquicas y físicas, y el último, que tiene fecha del 22 de diciembre y es el contrato de un servicio de transporte de material y personal para la campaña de vacunación contra la covid a la Agrupación Burgalesa del Taxi por un valor de 71.000 euros. La mayor parte de los contratos que aparecen en la página de transparencia tienen que ver con suministros destinados a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y a diferentes residencias.
Por otro lado, en el Hospital Universitario de Burgos se solicitó a la empresa gestora de los servicios no asistenciales el refuerzo de algunos de ellos como logística, gestión de residuos (que se cuadruplicó en los peores momentos de la pandemia, según indican), limpieza (que duplicó el material utilizado y el personal pasó de 190 a más de 250) o restauración, por lo que el montante de lo gastado por Eficanza asciende a 850.000 euros por la actividad realizada entre marzo y diciembre. De momento, la factura que le ha enviado a Sacyl es de 580.000 por el gasto entre marzo y octubre pero el Gobierno regional "no lo reconoce", por lo que se prevé que el asunto pueda enrocarse como ya ha ocurrido con varios temas entre empresa y Administración que han terminado en los tribunales. "Desde marzo las peticiones del hospital a todos los servicios se multiplicaron y, por tanto, el trabajo de una plantilla de 540 personas, un gasto extra que en todos los hospitales se abona", explican desde la empresa.