La cosecha de cereales este año descenderá hasta los 4,5 millones de toneladas, dos y medio menos que hace un año, según las estimaciones que hizo ayer el consejero de Agricultura yGanadería en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, si bien aclaró que no existen datos «fidedignos» porque falta la siega en el norte de la Comunidad, tal y como aseguró durante la celebración en Madrid del Consejo Consultivo de Agricultura. La falta de precipitaciones vuelve a ser la protagonista de un año difícil para el campo castellano y leonés, y, a juicio del consejero, la «sequía existe y es desigual, con zonas cero como Ávila, y otras con daños menos importantes».
Por ello, adelantó que el Ministerio pedirá a la UniónEuropea anticipos de la PAC del 70-85 por ciento, que supondrá una liquidez de más de 200 millones de euros para Castilla y León, de los 3.000 para toda España. «La UE será sensible y aceptará el incremento de los porcentajes de anticipos. Y la flexibilización de territorios y pastos», afirmó el consejero. «Trabajaremos codo a codo con las organizaciones agrarias para las medidas más cercanas que se pueden aplicar en la Comunidad y ser exigentes para las que sean competencia de Gobierno y UE», concluyó.
Reglamentos de transición
Además, Suárez-Quiñones, urgió a la aprobación cuanto antes de los reglamentos de transición que regirán la nueva PAC a partir de 2023. El consejero en funciones se mostró de acuerdo con el factor medioambiental de la PAC, «como quiere Europa», pero incidió en que ello «no debe suponer disminución de su utilidad para la agricultura».
Sobre los reglamentos de transición consideró que la nueva Presidencia de la UE los acometerá próximamente y reclamó al Gobierno central «que exija cuanto antes esos reglamentos para dar luz a esa incertidumbre y cuáles serán los apoyos». Al respecto, Planas aseguró ser consciente de ello, pues el consejero señaló que «garantizarán la financiación en este tramo intermedio».
Igualmente, recordó que la nueva PAC es «distinta a la anterior», ya que permite a los estados miembros algunos objetivos. En este sentido, Castilla y León luchará por tres: «Que no haya merma de financiación, que exista flexibilidad y se facilite la PAC a agricultores y ganaderos y que la política de Desarrollo Rural la diseñen las comunidades que tengan una intervención determinante a la hora de saber dónde van a ir estos fondos. Con eso es con lo que trabajamos constantemente», dijo, según informa Ical.
Mercosur
El acuerdo alcanzado recientemente entra la UniónEuropea y Mercosur (asociación de países centro y sudamericanos) ha puesto en alerta al sector ganadero de la Comunidad. El consejero de Agricultura y Ganadería, JuanCarlos Suárez-Quiñones, mostró ayer su preocupación por el reciente acuerdo, sobre el que pidió en el Consejo «hacer un seguimiento de la marcha del mismo y ver qué impactos puede tener en la economía de Castilla y León y España». «Si algún producto tiene una repercusión negativa por la entrada en el mercado de otro de Mercosur y su confluencia con nuestros productos, se deberá declarar sensible y que la UE reaccione para que no sea perjudicial para Castilla y León», reclamó.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) advirtió del serio perjuicio que el acuerdo puede suponer a los 450 profesionales del sector avícola de Castilla y León, que producen al año alrededor de 112.000 toneladas y sacrifican 60.000 animales. Según trasladó la organización, serán varios los sectores productivos de la Comunidad que se verán perjudicados por esta decisión que supone que agricultores y ganaderos serán «moneda de cambio» a la hora de firmar un acuerdo internacional.
La organización lamentó que la Unión Europea solo haya pensado en la venta de coches europeos a la hora de firmar el acuerdo con Mercosur y que eso lo tengan que pagar «entre otros, los ganaderos de la Comunidad». Además, desde UPA se tildó de «hipocresía» que la Unión Europea no autorice a sus ganaderos al uso de ciertos productos que sí se han utilizado en la producción de carne fuera de nuestras fronteras.
También expresó su malestar la asociación española de productores de vacuno de carne, que alertó del «peligro económico» que supondrá para el sector bovino, el mundo rural y la salud de los consumidores europeos el acuerdo alcanzado con Mercosur, que facilitará el acceso al mercado europeo de más de 100.000 toneladas de carne de vacuno sudamericana. Por ello, el colectivo pidió al Parlamento Europeo que rechacen este acuerdo alcanzado a pesar de la «fuerte oposición» del sector europeo de vacuno, en especial de algunos países.