El propósito de la Concejalía de Medio Ambiente de reclamar una fianza por cada solicitud de una autorización para una reforma u obra menor y así tratar de frenar la proliferación de vertederos ilegales en el término municipal no se podrá hacer realidad. El área de Licencias, desde donde se debían de tramitar el pago de estos avales, ha informado de que no es viable desde el punto de vista normativo ya que se prohibe expresamente en la disposición adicional séptima de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El texto normativo no puede ser más claro ya que si bien impone que «el solicitante de la licencia urbanística deberá otorgar garantía o fianza equivalente para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que hayan de generarse», acto seguido remarca que «esta obligación no será exigible» para «obras de modificación o reforma» en el «ámbito domiciliario o doméstico, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica y que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados».

La propuesta de Medio Ambiente se produjo después de que en apenas un mes se tuvieran que limpiar 13 vertederos ilegales y tras comprobar, con impotencia, que a los 3 o 4 días de haber dejado impoluto un solar volvían a depositarse en él desperdicios. La mayoría de ellos, procedentes de pequeñas reformas en viviendas particulares.

Pero es que más allá de esas actuaciones de limpieza, realizadas con personal eventual contratado con los planes de empleo, en el Ayuntamiento de Burgos detallan que existen en la ciudad alrededor de 30 vertederos ilegales que se han convertido en verdaderos puntos negros por la dificultad para erradicarlos.

Se creía que solicitando una garantía de 200 o 300 euros, que se devolverían tras verificarse que los residuos habían terminado en un punto limpio o habían sido tratados por un gestor autorizado, se lograría reducir el problema. No habrá ni siquiera opción de comprobar si la idea era buena.

La única herramienta que le queda a Medio Ambiente es la de convencer a la Policía Local para que se intensifique la vigilancia pero se asume que no es una tarea sencilla pese a conocerse la ubicación de los espacios más conflictivos. Fundamentalmente, porque vaciar una furgoneta de escombros apenas lleva unos minutos y las patrullas no pueden hacer guardia en estos lugares las 24 horas del día ni los siete días de la semana.

Colaboración ciudadana. El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, ha apelado en varias ocasiones a la colaboración ciudadana ya que, junto con la concienciación, se admite que es una de las pocas herramientas útiles. En primer lugar para que actúen «con responsabilidad» y también para que echen una mano avisen de situaciones de este tipo que se están dando cuando sean testigos de ellas.

Las multas más benévolas, reservadas para las infracciones más leves, se sitúan en los 901 euros, pero pueden llegar hasta los 300.000 si lo que se depositan son residuos peligrosos.