El inicio del estado de alarma derivó en una hibernación económica de la que, poco a poco, parece que las compañías van saliendo. El avance de la desescalada y la entrada en las distintas fases otorga cada vez más libertades, tanto a los ciudadanos como a las firmas:No obstante, durante los últimos meses muchas empresas, más de 5.000 en Burgos, tuvieron que optar por aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, una herramienta jurídica indicada para situaciones debidamente justificadas, como la pandemia de la COVID-19. Pues bien, desde el lunes 16 de marzo, dos días después del decreto del estado de alarma, y hasta el pasado 31 de mayo, el Servicio Público de Empleo ha reconocido ya 40.291 prestaciones a burgaleses relacionadas con la covid-19, el 80% de todas las registradas. A estos expedientes hay que sumar las ayudas que concede el SEPE a parados (subsidio por paro, prestación contributiva o Renta Activa de Inserción), por lo que en total suman 51.034.

A nivel regional, enCastilla y León el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha abonado 254.299 reconocimientos a trabajadores.Esta cifra aúna tanto las ayudas a desempleados como a los afectados por ERTE -no figuran en las listas de parados, pero tampoco están trabajando-, que son 193.326 expedientes. Abriendo algo más el plano, el SEPE ha reconocido más de 5,2 millones de prestaciones desde el inicio de la crisis sanitaria, de las que un total de 3.748.009 corresponden a expedientes de ERTE, que ya están abonados gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las entidades financieras. El SEPE ha reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas, quedando pendientes nuevas prestaciones o las que han llegado al Servicio Público de Empleo Estatal con errores que deben ser subsanados. Durante el mes de mayo la cifra total de prestaciones abonadas, por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, ha ascendido a 5.988.572, de las que 791.921 son nuevas prestaciones. El total incluye las prestaciones por desempleo y los afectados por un ERTE, incluidos los que regresaron total o parcialmente a la actividad durante el mes de mayo. El importe total abonado por estas prestaciones ha ascendido, en el mes de mayo, a 5.121 millones de euros.

Por provincias de la comunidad autónoma, enCastilla y León Valladolid es el territorio que más acumulación de prestaciones aglutina con 68.598, de las cuales 53.676 se engloban dentro de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo activos. Le sigue, por volumen, Burgos, y tras esta se sitúa León, con 36.812 ayudas, 27.481 enmarcadas dentro de los reconocimientos a ciudadanos dentro de un ERTE. Salamanca es la cuarta que más ‘trabajo’ ha dado al SEPE, con 25.651 prestaciones, 17.913 de ellas relacionadas con la suspensión momentánea de los contratos; Palencia suma 21.965 ayudas y 16.932 se enmarcan en los ERTE; Ávila llega a los 15.396, de los que 11.169 sonExpedientes de RegulaciónTemporal de Empleo; Segovia alcanza las 13.031 prestaciones, 9.940 dentro de unERTE; Zamora 11.724 (7.843 por la covid-19) y Soria apenas sobrepasa las 10.000 (10.088 para ser más exactos), con 8.110 expedientes relacionados con ERTE, debido en gran parte a su escasa población.

En otro orden de cosas, el Consejo del Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, reunido esta semana de manera presencial, recordó y exigió la necesidad de que el Gobierno de España desvincule los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma, prolongando su duración hasta final de año en los sectores de la Comunidad más golpeados por la COVID-19, como automoción, hostelería, turismo y comercio, entre otros. Esta reivindicación ya ha sido demandada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que ven «crucial» su desvinculación para permitir una mejor desescalada a las compañías que se han visto abocadas a emplear esta herramienta. Ademas, los miembros del Consejo del Diálogo Social se mostraron ayer de acuerdo en la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la automoción con el objeto de defender el futuro de un sector estratégico para Castilla y León, que tiene la mayor capacidad productiva en automoción, y para España.