Los matrimonios forzados no son una costumbre ajena en España, sino un delito de trata de seres humanos tipificado en el Código Penal con condenas de entre cinco y ocho años de cárcel. Aunque en términos absolutos los que se descubren no son muchos -unos tres al año en el ámbito de la Guardia Civil-, aún se mantiene esta lacra, que roba la infancia a niñas y adolescentes y las deja marcadas para siempre.

De hecho, y según las estadísticas, esta forma de violencia contra la mujer no ha descendido en el territorio nacional, al menos si se tienen en cuenta las denuncias que llegan a las Fuerzas de Seguridad. Incluso, los investigadores no descartan que la «cifra negra» (los casos ocultos) sea más alta de lo que cabría imaginar en un estado de derecho como el nuestro.

En el proyecto de ley orgánica integral de garantía de la libertad sexual, el texto del Gobierno del solo sí es sí, el matrimonio forzado aparece recogido como violencia machista. Y es que el Ministerio de Igualdad, promotor de la iniciativa que ya ha pasado el trámite del Consejo de Ministros, quiere que se califique así esa práctica, como también la agresión sexual, la trata con fines de explotación sexual, el acoso con connotación sexual, la extorsión sexual, la pornografía no consentida, el feminicidio sexual y la mutilación genital femenina, amén de la violencia de género.

Como explica el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, Vicente Calvo, no es más que otra forma de trata a niñas víctimas de su propio entorno familiar y una muestra más de la «superioridad» que quieren ejercer padres y futuros maridos sobre la mujer.

Para Calvo, es un delito «muy grave» en el que se somete generalmente a una niña, a la que no dejan disfrutar de su infancia y a la que cortan su libertad para elegir. Eso, apostilla este agente, la marcará para siempre.

Lejos de reducirse, los matrimonios forzados que han salido a la luz se mantienen. Desde 2016, la cifra de los conocidos por la Benemérita se sitúa en una media de tres al año, y entre tres y siete el dato de detenidos en cada operación.

El ‘yugo’ de la tradición

Amparados en costumbres muy antiguas de sus respectivas culturas, padres de origen rumano, búlgaro, marroquí o paquistaní fuerzan a sus hijas menores a casarse por unos ritos ancestrales que, a veces, les reporta un dinero que ronda los 3.000 euros. Es la dote que aún pervive en esas culturas y que los padres del novio deben aportar a los de la novia. A veces, el pago es en especie, como productos alimenticios o animales.

Dice Calvo que lo más complicado para la investigación es la propia detección. Aquí juegan un papel esencial los servicios sociales y, sobre todo, los profesores, en el caso, claro, de que las niñas acudan al colegio. Algunos síntomas puedan dar pistas, como que empiecen a faltar a clase, que se muestren cohibidas... Es entonces cuando deben poner sus sospechas en conocimiento de los agentes.

No es habitual que sean las propias víctimas las que denuncien, pero también ocurre, como pasó recientemente en la localidad sevillana de Villaverde del Río.