Tuvieron que pasar cinco años para que los propietarios de una comunidad del G-2 se dieran cuenta de las constantes irregularidades que su administrador había cometido desde que contrataron sus servicios. Durante todo ese tiempo nadie sospechó que, siendo poseedor de las cuentas bancarias y utilizando las aplicaciones de internet, ‘jugaba’ con el dinero que los vecinos ingresaban religiosamente para afrontar los diferentes gastos que les suponía mantener sus respectivos edificios y lo destinaba para otros fines. Así al menos lo cree el Ministerio Fiscal, que en su escrito de acusación considera probado las extrañas maniobras que V.G.R., propietario de una empresa de administración de fincas, realizó con los fondos comunes durante todo ese tiempo, algo por lo que le acusa de un presunto delito de apropiación indebida por el que pide ante la Audiencia Provincial de Burgos cuatro años de prisión y la devolución del dinero ‘desaparecido’ de las cuentas, que fueron 64.999,66 euros. 

Los vecinos de los números 56, 58 y 60 de la avenida Castilla y León, y 27-35 de la calle Alfonso XI, contrataron los servicios de V.G.R. como administrador de su comunidad el 1 de marzo de 2011. Desde entonces, y según recoge el escrito del fiscal, operó desde la banca online atendiendo a fines ajenos, causándoles un perjuicio patrimonial cifrado en la mencionada cantidad. Fue cesado el 8 de junio de 2016, cuando los dueños de los inmuebles afectados descubrieron todas las irregularidades que constaban en sus cuentas corrientes. 

De hecho, según el abogado de la comunidad de vecinos, el acusado iba traspasando el dinero de una cuenta a otra, en función de las necesidades de otras fincas. Así, aseguran que durante los cinco años que mantuvieron contratados sus servicios contraía embargos por obligaciones y débitos contraídos . Para más inri, señala el escrito de la acusación particular, una vez que fueron descubiertas todas las maniobras que había realizado se negó en todo momento a facilitar información sobre los movimientos monetarios. 

Por su parte, la defensa del ex administrador de la comunidad de vecinos asegura que su representado actuaba bajo el principio de ‘caja única’ y que pese a que la cuenta podría variar su saldo, en ocasiones negativo y otras positivo, solo el cese de actividad con la comunidad podría haberles obligado a pagar los diferentes débitos contraídos por él. Una situación que, recuerda, nunca llegó a ocurrir durante los cinco años que llevó las cuentas de los vecinos. 

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular coinciden en que los movimientos realizados por V.G.R. suponen un delito de apropiación indebida por el que le piden 4 años de prisión y 9 meses de multa de 10 euros diarios. Asimismo, le reclaman la devolución íntegra de los 64.999,66 euros de perjuicio económico que causó a esta comunidad de vecinos del barrio del G-2. Por su parte, su defensa considera que los actos realizados por su representado no constituyen infracción alguna, por lo que no procede la imposición de ninguna pena y solicita la libre absolución.