La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, confirmó ayer por primera vez que el desmantelamiento de Santa María de Garoña tiene un coste estimado en 468 millones de euros. La firma pública también indicó que esta cantidad saldrá del Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radioactivos que se nutre de la tasa que abonan las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas en explotación. Solo en 2012, el último año en que Garoña generó electricidad, aportó 30 millones a este fondo, mientras que el pasado mes de enero, el Gobierno de Sánchez elevó un 20% la tasa que las nucleares desembolsan para seguir engordando el fondo con el que serán desmanteladas.

A los 468 millones del desmantelamiento habrá que sumar los 127,6 millones que costarán los 44 contenedores que fabricará Ensa en Santander para albergar el combustible nuclear gastado de la central, un contrato que autorizó el Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo. La llegada de los primeros a Garoña está prevista en 2023, aunque el contrato es de 5 años. Pero además Enresa ya ha dedicado a la gestión del combustible, los 4 millones de la construcción del almacén temporal de los contenedores ejecutado desde 2017, así como otros 6,7 millones a la compra de cinco contenedores ya fabricados por Ensa. Con todo ello, los gastos del desmantelamiento y la gestión inicial del combustible de la central, rozarán los 600 millones.

No obstante, esta cantidad es la punta del iceberg, porque según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, solo la gestión del combustible gastado y de los residuos nucleares de alta actividad de las nucleares españolas supondrá 9.660 millones de euros hasta el año 2089.

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