E l sector ganadero-cárnico supone un valor en origen de casi 16.000 millones, resultado de la producción de unas 300.000 explotaciones entre las que destacan en número las 115.000 de vacuno y otras 86.000 de porcino. A nivel industrial, en el sector de la carne, entre mataderos y firmas elaboradoras funcionan más de 3.000 empresas con una facturación de 27.000 millones. En conjunto suponen empleo directo e indirecto de unas 500.000 personas en el medio rural.

La cadena ganadero-cárnica conforma unos de los principales sectores exportadores agroalimentarios, según datos de la patronal ANICE, con un volumen de cerca de tres millones de toneladas de carnes y de animales vivos por valor de casi 9.000 millones, además de otras 200.000 toneladas de productos elaborados. Destacan los 2,8 millones de toneladas de carnes de porcino, con 1,4 millones de toneladas vendidas en China en 2020 a pesar del recorte sufrido por la recuperación de su cabaña tras la peste, cifra a la que se suman elevadas ventas igualmente en otros países comunitarios como Francia, Italia o Portugal. La exportación ha sido el motor del sector hasta convertirlo en el segundo productor de la Unión Europea con cinco millones de toneladas, de las que el 55% se van fuera de España.

En vacuno, las ventas en el exterior suponen casi 190.000 toneladas sobre una producción de 690.000 toneladas; en este caso, a las operaciones de carne se suman las de animales vivos para los países del norte de África y del Golfo Pérsico. En ovino y caprino se exportan otras 45.000 toneladas, una gran parte como animales vivos para países árabes, sobre una producción de unas 130.000 toneladas.

Todo este entramado de actividad económica se ha visto atemorizado, y a la vez sorprendido, no porque el ministro Garzón haya voceado esta vez al exterior su apoyo a la ganadería extensiva, sino por su carta de presentación del sector, denunciando el modelo de ganadería intensiva nacional basado, según sus datos, en cuatro puntos: descontrol en la implantación de las mal llamadas macro granjas en cualquier punto de la España despoblada, sus efectos en la contaminación del territorio, el maltrato animal en las mismas y, como consecuencia, la exportación de carnes de mala calidad. Otra garzonada más a sumar al azúcar, al sistema de calidad de los alimentos Nutriscore o a la carne.

Viniendo como viene de un miembro del Gobierno, aunque sea del ala Podemos, sorprenden sus manifestaciones por falta de conocimiento de la realidad. Y, si disponía de esa información y fuera fiable, sorprende más no haber denunciado esa situación donde corresponde para que veterinarios de Agricultura, Sanidad, técnicos de Comercio o de Transición cumplieran con sus obligaciones de control e inspección en las explotaciones ganaderas, mataderos y en frontera. El ministro no solo ha puesto en la picota al sector ganadero-cárnico, sino también a los cientos de funcionarios que se encargan de vigilar su control. Uno vocea y, por prudencia, otros, los ministros del PSOE, callan por no alborotar el gallinero.

Sorprende su ligereza para señalar que una granja de gran tamaño se puede levantar en cualquier punto, cuando existe una ordenación de explotaciones desde Atocha para la avicultura, el porcino y está en exposición pública otra para el vacuno, donde se contemplan sus exigencias en materia de instalaciones, distancia entre explotaciones, controles sanitarios, número máximo de animales según tipos, controles de vertidos, bienestar animal... y no hay que olvidar que son obligatorios permisos medioambientales.

Garzón no se lee lo que hace Atocha. Las granjas nos son hoteles de cinco estrellas, pero ya se acabó el tiempo en el que una organización ecologista publicaba reiteradamente la foto en blanco y negro de una cerda atada con una soga a unos barrotes. Una explotación ganadera no es una empresa de servicios informáticos y, en consecuencia, conlleva riesgos de problemas medioambientales en olores o vertidos. La respuesta de un miembro de un Gobierno no debe ser la denuncia pública en el exterior, sino la exigencia de respuestas allí donde se ubican las explotaciones en cuestión.

Finalmente, sorprende la falta de responsabilidad para señalar la mala calidad de una carne de la que el sector que coloca en el exterior unos tres millones de toneladas y cuyos números van creciendo. Los compradores exteriores difícilmente se mantendrían fieles al producto español si Garzón tuviera razón. Además, como ministro de Consumo sorprende su silencio en lo que afecta a las importaciones de carnes o animales de países para los que cuestiones como alimentación y bienestar animal no son precisamente su fuerte.

Con esos «informes», «recomendaciones»o «advertencias» de un miembro del Gobierno, Garzón ha puesto las cosas más difíciles al sector para exportar y no es tampoco la mejor carta de presentación para ganaderos e industrias a la hora de sacar adelante su Plan para lograr de los fondos comunitarios Next Generation más de 3.000 millones de euros destinados a sus proyectos de mejora y digitalización de la actividad.

Definir el modelo de ganadería de un país es una cuestión importante en la que se han de compaginar desde las políticas de calidad a otras medioambientales, estructuras productivas, precios y una oferta suficiente para disponer de capacidad de autoabastecimiento o soberanía alimentaria. No puede ser banalizado, ni objeto de una simple ligereza. Es necesario, por calidad, aunque a mayor precio, y por el sostenimiento del territorio, el apoyo a ganaderías extensivas como de ovino o vacuno, a pesar de la política de Transición Ecológica de incluir al lobo como especie protegida. Pero el sector ganadero español no es una burbuja en el mundo y no puede renunciar a mayores explotaciones más intensivas, ordenadas y controladas que permitan una actividad rentable y competitiva.

En los últimos tiempos, el sector ganadero-cárnico ha sufrido también los embates los grandes grupos económicos impulsores de la oferta vegana, carro al que se han subido incluso algunos importantes grupos cárnicos como Campofrío o Vall Company. Pero, con campañas como la de Garzón, sobran otros enemigos para mantener la actividad de esas 300.000 explotaciones y de 3.000 industrias solo de la carne en un territorio rural donde, según un último informe de Agricultura, viven 7,5 millones de personas, el 16% de la población en el 84% del territorio.