El tiempo medio de tramitación de un expediente de Dependencia se sitúa en Castilla y León en 199 días, frente a una media nacional de de 426 días, según el borrador de la nueva estadística del Imerso difundido hoy por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Los gerentes de Servicios Social destacan en su análisis que por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (199). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).

El estudio, recogido por Ical, explica que en Castilla y León había, a fecha 30 de noviembre de 2019, 11.167 personas pedientes de valoración de grado I; y con 1.592 de grado II a la espera de la resolución de su Plan Individual de Atención (PIA). Así, la Comunidad contabilizaba 12.759 dependientes a la espera de algún trámite, de un total nacional de 422.959 (157.148 de grado I y 265.811 de grado II).

El informe incide en que Castilla y León sigue siendo la autonomía con un menor porcentaje de desatendidos sobre personas con derecho, con un 1,5 por ciento, frente a una media para el conjunto de las autonomías del 19,3 por ciento. La Comunidad con un mejor porcentaje después de Castilla y León fue navarra, ya con un 6,1 por ciento; y la de peor datos, Cataluña, con un 31,5 por ciento.

La organización resalta que estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo es “claramente insuficiente” en España para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. Desde el 1 de enero hasta noviembre de 2019, el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y atención mediante servicios o prestaciones crecieron desde las 378.605 hasta las 423.000, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

“Vemos, por primera vez desde 2016, que el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado”, destacan, y denuncian que “los motivos de estos impresentables retrasos, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero debemos apuntar dos fundamentales, los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley y el disparatado y proceloso entramado burocrático”.

Entre las consecuencias de lo expuesto, indican que “resulta especialmente doloroso” que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones “Estimamos que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos)”, precisan y aclaran que “hay que tener en cuenta que el 54 por ciento de personas solicitantes tiene más de 80 años”. “Tremenda forma de reducir las listas de espera”, agregan.

Otra consecuencia, comentan, es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone “gravísimos trastornos” a las personas dependientes y genera “importantísimas sobrecargas familiares”, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75 por ciento de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

La nueva estadística se dedica a ofrecer datos también sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. Las de carácter económico por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (percibidas actualmente por 425.000 personas). Tienen un importe promedio de 140 euros al mes para los Grado I; 245 euros al mes para los Grado II y 340 euros al mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con “importantes diferencias entre territorios”.

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes “insuficientes”. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 euros al mes. La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un “segundo copago” o copago invisible.

La ayuda a somicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17 horas al mes para los Grado I; de 35 para los Grado II y de 54 para los Grado III, “apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente”.