La casualidad quiso que la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada 'ley mordaza', tuviese un protagonismo capital en el peor año que se recuerda en este país. Esta herramienta, que nació sumergida en la polémica, fue clave para que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran mantener el orden durante el confinamiento por la covid-19. Y prueba de ello es que las sanciones prácticamente se duplicaron en 2020, multiplicándose por veinte las relativas a faltas de respeto a los agentes de la autoridad. Dicho incremento permitió al Estado recaudar unos dos millones de euros en multas por desacatos. Sin embargo, lo más probable es que la mayoría de ellas queden anuladas al declararse inconstitucionales los dos estados de alarma y la administración ya está pensando en cómo devolver el dinero a los que las abonaron. Cuestión que despierta ciertas dudas a los expertos en derecho. 

Juristas, abogados e incluso jueces advirtieron durante meses que el estado de alarma no era la mejor herramienta para mantener a la población encerrada en sus casas para evitar el avance del virus. Sin embargo, fue todo lo que el Gobierno pudo ofrecer a unos policías y guardias civiles que tuvieron que cambiar su forma de trabajo para sitiar la ciudad. Aunque el cumplimiento era mayoritario, hubo quien no tardó ni una semana en salir a la calle a dar una vuelta. «No hay más multas porque la gente incumpliera sistemáticamente de manera masiva. El problema es que unos pocos lo hicieron varias veces. Algunos nos decían incluso que no les importaba que les multásemos porque eran insolventes», recuerda José Manuel, inspector de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Burgos.

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