La expropiación de parte de los terrenos de Torre de Miranda, para hacer una entrada al complejo residencial por la calle Recoletas, se ha convertido en un culebrón que va sumando capítulos a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre su legalidad después de que los vecinos judicializaran la causa. Ahora es la Comisión Territorial de Valoración quien vuelve a sembrar dudas sobre el procedimiento. Este órgano dependiente de la Junta ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento y se niega a fijar el precio del suelo, reiterando que es "inviable adquirir el bien mediante expropiación forzosa por lo que no es posible decidir sobre el justiprecio". En un extenso y farragoso documento justifica su decisión, aunque la misma admite más de una interpretación,  ya que por un lado remarca que la administración local no puede hacerse con los terrenos debido a su calificación urbanística, pero en otros momentos deja entrever que incluso podría hacer uso de los mismos sin ni siquiera indemnizar a los vecinos. Todos los miembros de la comisión han decidido por unanimidad que el expediente de Torre de Miranda no cumple con los requisitos para una expropiación forzosa y por lo tanto no pueden valorar la indemnización a los propietarios. El motivo es que conforme al Plan General de Ordenación Urbana se trata de una zona libre privada aunque se señale su uso público en superficie, y no de un espacio libre público. Es decir que no está destinada a formar parte de las dotaciones urbanísticas públicas y "por lo tanto no se ha previsto ningún sistema de obtención de esos terrenos" para su paso a la titularidad municipal. En su opinión las calificaciones que se otorgan en el PGOU a cada parcela no son meros aspectos formales sino que tienen carácter vinculante. Además añade que las zonas libres privadas entre bloques de edificios, como es la de Torre de Miranda, "están destinadas a permanecer en el dominio privado". Las conclusiones parecen contrarias a la expropiación, aunque en algunos momentos de su argumentación cita jurisprudencia de otros casos similares que abren una puerta a que el Ayuntamiento pueda hacer uso del suelo siempre  que concurra un interés social debidamente justificado. Es a lo que se aferra el equipo de gobierno. "Si no existe un enriquecimiento correlativo a la privación del derecho del propietario, no hace falta expropiar sino que basta con un acto de poder de la administración para poder disponer de esa servidumbre", asegura la concejala de Urbanismo, Soraya Solórzano en base a las conversaciones telefónicas mantenidas con integrantes de la Comisión de Valoración ya que de momento el Ayuntamiento no ha recibido la notificación oficial de la resolución. La edil recuerda que el proyecto para construir una nueva entrada en Torre de Miranda está avalado por cinco informes favorables y que al órgano de la Junta no le compete pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento sino únicamente sobre el precio del suelo. Además Solórzano se ratifica en que, según se le ha transmitido personalmente antes de este nuevo escrito, "podríamos hacer uso de la servidumbre sin pagar". Aún así el PSOE siempre ha defendido que debe compensar a los vecinos y para ello tiene reservada una partida cercana a los 90.000 euros.