Once localidades ribereñas, zonas vulnerables por nitratos

I.M.L.
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Once localidades ribereñas, zonas vulnerables por nitratos - Foto: Juan Carlos Ontoria

Once localidades de la comarca pasan a ser zonas vulnerables por exceso de nitratos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta las incluye en el proyecto de decreto para modificar el mapa aprobado hace más de 20 años

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León estaba inmersa, antes del periodo electoral, en la actualización de una de sus normas y ya había trasladado al Consejo Regional del Medio Ambiente el proyecto de decreto por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, además de la aprobación del Código de Buenas Prácticas Agrarias. Este documento partía de la base de un informe de seguimiento de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario y que la propuesta de designación de zonas vulnerables viene a actualizar. En este informe se reconoce que «tras 25 años de la publicación de la Directiva de Nitratos se hace necesario abordar una visión integral del problema, introduciendo programas de actuación en todas estas zonas, donde se constata una contaminación, por nitratos de origen agrario». 

Las zonas vulnerables eran cinco en toda la región en 1998, ampliándose a diez en 2009, incluyendo 66 municipios, ninguno de Burgos, en una extensión de 2.471,03 kilómetros cuadrados. En este proceso de actualización se hizo un primer proyecto en 2017, que ahora se ha modificado y, en la nueva propuesta se han incorporado nuevas zonas y nuevos municipios, por tratarse de zonas con valores significativos de nitratos en sus aguas subterráneas. En concreto, la comarca de la Ribera del Duero aparece representada en este nuevo documento por once municipios, que suman una superficie total de 340,33 kilómetros cuadrados. Estas localidades son Aranda de Duero, Castrillo de la Vega, Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Fuentespina, Haza, Hoyales de Roa, La Sequera de Haza, Nava de Roa y Villalba de Duero. A estos municipios se suman otros tres, que aparecían incluidos en la propuesta de 2017 con la que se empezó a trabajar este nuevo decreto, que son Tórtoles de Esgueva, Torresandino y Villaescusa de Roa.

La evolución histórica de la contaminación por nitratos y de la declaración de zonas vulnerables en la cuenca del Duero y la aplicación de verdaderos criterios preventivos por parte de la Consejería de Medio Ambiente, en el contexto de implantación de nuevas granjas porcinas y ampliación de las existentes, debería llevar a impulsar la declaración de zonas vulnerables considerando que deben abarcarse amplios espacios objeto de protección y regulación, en opinión de la organización ecologista. Detrás de este problema, para Ecologistas en Acción se encuentran «el uso creciente de abonos químicos en la agricultura y el avance de la ganadería industrial» y matizan que la propia Junta de Castilla y León, «además de señalar el problema, reconoce que las medidas para controlarlo han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas». 

En relación a las acciones encaminadas a solucionar el problema, desde esta organización ecologista manifiestan que «se encuentran paralizadas desde hace años y siguen permitiendo la ampliación de explotaciones de ganado porcino y la apertura de nuevas explotaciones de ganadería industrial».

Con la vista puesta en esta actividad, las asociaciones ambientalistas denuncian que, además de malos olores, emisión de gases contaminantes y problemas de abastecimiento de agua en algunos municipios, «la contaminación producida por la ganadería industrial en nuestra tierra (principalmente de porcino pero también de vacuno o aves) afecta a las aguas subterráneas, y puede perjudicar a la salud y empeorar la fertilidad del suelo». Ecologistas en Acción recuerda que en Castilla y León en la actualidad hay alrededor de cuatro millones de cabezas de porcino, «y la producción va en aumento». 

Es por eso que, además de la actualización de las diferentes normativas que regulan estas actividades y prácticas, desde Ecologistas en Acción creen que se tiene que tener en cuenta los pasos administrativos previos, como medida para regular excesivas concentraciones de posibles focos de producción de nitratos. «En la tramitación de licencias y autorizaciones no son adecuadamente considerados los efectos acumulativos de las explotaciones y la gestión de sus residuos, no se analiza el emplazamiento y su situación previa al proyecto, pudiéndose afirmar que las evaluaciones ambientales se tramitan con importantes carencias», aseguran desde la organización ecologista, insistiendo en que «ello contribuye a la agudización del problema de la contaminación por nitratos y a la falta de un adecuado control ambiental».

A modo de conclusión, instan a la administración regional a que «el nuevo decreto de zonas vulnerables contribuya a revertir la situación del problema ambiental de forma inequívoca; toda medida que a corto plazo que no suponga una mejora radical deberá considerarse insuficiente», exigiendo «mayor nitidez para afrontar el problema y su solución».