A ningún español se le escapa la difícil situación por la que atraviesa la hucha de las pensiones, que se encuentran en caída libre desde hace ocho años y que, a día de hoy, apenas dispone de 2.150 millones de euros, el cifra mínima de toda la serie histórica, frente a los 66.815 millones de euros que había en 2011.

En 2012, en el primer año que el Gobierno recurrió a estos fondos, se retiraron 7.003 millones de euros, 11.648 millones el ejercicio siguiente; en 2014, 15.300 millones; en 2015, 13.250 millones; en 2016, 20.136 millones; en 2017, 7.100 millones y el pasado año 3.000 millones de euros.

La realidad es que el modelo de pensiones que era un ejemplo de gestión en cobertura a nivel internacional, en la actualidad camina al fracaso si el Pacto de Toledo en el que están representados todos los partidos políticos no alcanza un acuerdo y aporta una solución conjunta para revertir esta situación.

El modelo nacional parte de una pirámide que necesita una base amplia de cotizantes para no venirse abajo. En concreto, tres por cada pensionista para que salgan las cuentas. Ahora, la proporción es dos a uno y bajando, con una contrapartida añadida de que los jubilados cobran un 14% de media más que los asalariados, lo que hace que este sistema actual sea inviable.

De hecho, los jubilados españoles han capeado mejor la crisis que los trabajadores en activo y mucho mejor que los jóvenes, aunque no hay que olvidar que en muchas ocasiones la pensión de los abuelos ha sido la que sostuvo a hijos y nietos en los peores años de la crisis.

Otro de los factores que reduce la liquidez a la Seguridad Social es el compromiso del Gobierno actual de mantener la subida anual de las pensiones teniendo como referencia el IPC. Se trata de una medida que está desaconsejada por el Fondo Monetario Internacional(FMI), por el Banco Central Europeo (BCE) y otros organismos financieros que recomiendan otras variables más reales de la economía, pero que, al tratarse de una promesa electoral, el Ejecutivo la defiende como una prioridad, sin estudiar otras fórmulas que no incrementen más el déficit público del Estado que se encuentra en la actualidad en máximos históricos.

En esta línea, la ministra de Trabajo, que recordó que este fue el único punto de acuerdo cerrado en la última mesa del Pacto de Toledo celebrada en septiembre del año pasado, ha señalado hace unos días que, según el Plan Presupuestario para 2020 enviado a Bruselas, el Gobierno estudia volver a suspender de cara a 2020 el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que fija su actualización en el 0,25%, a la espera de que un nuevo Ejecutivo lo derogue definitivamente para ligar estos subsidios al IPC real, cuyo incremento está previsto en el 0,9%.

Además, Valerio defiende el triple objetivo del Gobierno de velar por la sostenibilidad de las pensiones, para que primero no pierdan poder adquisitivo; segundo, por el reto financiero, para que el sistema tenga una financiación suficiente; y, en tercer lugar, por el político, porque se fracasa cuando no existe un consenso previo entre las partes implicadas.

Ante la incertidumbre que existe por el futuro de las pensiones y la preocupación que provoca esta situación, el colectivo de jubilados españoles no cesa en manifestarse cada semana para pedir unos subsidios dignos que estén por encima de los 1.080 euros mensuales que beneficiarían a más de 3,3 millones de jubilados que están por debajo, para que puedan vivir con más holgura sin privarse de lo más básico.

En este contexto, el número de personas que aseguran sentirse muy preocupadas por su futura pensión se ha disparado en los últimos años por encima del 80%. Se trata de retirados que consideran que con la paga mínima que el Gobierno paga actualmente no podrán garantizar su nivel de vida.

El ahorro como clave. Ante esta realidad, los expertos recomiendan, sobre todo a los menores de 35 años, empezar ya a ahorrar de cara a su futura jubilación bien con un producto financiero, un plan de pensiones, un preahorro de entre un 10% y un 33% para invertir en valores según su perfil de riesgo, y así asegurarse dentro de 30 años un subsidio aceptable.

En este sentido, los españoles, según un estudio del banco ING, no se muestran nada predispuestos al ahorro por que aseguran que percibe un salario precario que apenas le alcanza para pagar el alquiler y, como mucho, la letra del coche.

Otra de las causas por la que los planes de pensiones no son atractivos para los españoles en activo, a parte de una fiscalidad que penaliza enormemente este ahorro en el momento de su rescate, es que las rentabilidades en los últimos años se han reducido. Así, en 2019, los fondos a un plazo de 26 años perdieron un 0,5% respecto al pasado ejercicio hasta situarse en el 5,5% de beneficio medio, sin contar las comisiones de la banca.

El panorama en naciones como Holanda y Dinamarca es distinto y está regido según el Índice Mercer como los países con los sistemas de jubilación más sostenibles. Disfrutan, en primer lugar, de una pensión básica que no está ligada al trabajo, sino a la residencia en el propio Estado, a lo que se suman los planes de empresa que son obligatorios y los privados muy beneficiosos fiscalmente. Cualquiera de estas economías, que tienen bastante menos población que España, superan de largo el billón y medio de euros invertidos en fondos de pensiones, cuando aquí apenas ronda los 100.000 millones.

En Alemania y en el Reino Unido, la pensión pública es más pequeña que la española, pero mientras los primeros se apoyan en el ahorro de sus años activos, los ingleses lo hacen con planes y recursos privados. 

Asimismo, los españoles se diferencian del resto de ciudadanos comunitarios en que, una gran parte, tienen su dinero invertido en ladrillo. El porcentaje de jubilados con vivienda propia aquí es 20 veces superior al de los germanos.

Además, el sistema nacional de pensiones presenta varias brechas, una por géneros y, otra, por regiones en los subsidios no contributivos donde el número actual es de 452.465 en todo el Estado. 

Los hombres acaparan el 83% de las jubilaciones superiores a los 2.500 euros y, en general, la paga media de los varones es un 53,5% mayor que la de las féminas. La media de ellos alcanza los 1.202,5 euros y la de ellas se queda en los 781,6 euros, es decir, un 35% más bajas. O 420,9 euros inferiores, como se prefiera. Es cierto que hace cinco años la distancia era mayor, puesto que eran un 38% más bajas, pero el margen de mejora todavía resulta evidente. 

En definitiva, se trata más que de un asunto importante, de un tema de Estado que debe quedar regulado lo antes posible y de una manera indefinida para que cada español sepa con lo que va a contar en el futuro y al final de su vida laboral.