La reforma laboral impulsada por el Gobierno de España, la patronal y los sindicatos cumple este sábado, 1 de abril, su primer año de plena vigencia con claroscuros sobre la eficacia que la misma ha tenido en el mercado de trabajo de Castilla y León. Esta normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2022 con una moratoria de tres meses, hasta el 1 de abril de 2022, para que las empresas adaptasen sus plantillas a la nueva regulación, se ha traducido en una drástica reducción de la temporalidad y un exponencial crecimiento de la afiliación indefinida en la Comunidad. Dos de las razones de ser que impulsaron una legislación que tumbaba la polémica reforma del 2012 aprobada por el Partido Popular en plena efervescencia de la doble recesión y cuya tramitación parlamentaria tuvo un final esperpéntico con tránsfugas y el famoso error en la votación del diputado popular Alberto Casero.
No obstante, los datos de contratación llevan varios meses enviando señales de agotamiento y desde los sindicatos ya avisan que algunas provincias pueden estar «tocando techo» en la contratación indefinida. «No hay más contratación indefinida porque no hay creación de empleo». Hoy, un año después de su irrupción en el mercado laboral, Castilla y León presenta una masa asalariada con un cuarenta por ciento menos de afiliados temporales y un veinte por ciento más de indefinidos, dejando una sensación de que los efectos de la modificación normativa han cumplido con nota en este apartado.
Las cifras del Ministerio de Trabajo registraban, al cierre de febrero de este año, 536.377 afiliados indefinidos en Castilla y León en el Régimen General, la cifra más alta de las últimas décadas, con casi 80.000 más que hace un año y 110.000 por encima de los contabilizados antes de la pandemia. Números que sirven para que tres de cada cuatro trabajadores del Régimen General autonómico cuenten con un contrato de estas características. Antes de la pandemia el porcentaje apenas superaba el 60%. Lo mismo, pero en sentido opuesto, ocurre en el caso de los temporales. El gran caballo de batalla del Ministerio para defender esta reforma fue la necesidad de acabar con la precariedad laboral asociada a la temporalidad. Es aquí donde se visualizan más claramente los efectos de la nueva normativa. 80.000 afiliados menos con contratos de este tipo tiene ahora Castilla y León, bajando el dato desde los casi 200.000 que había antes de la pandemia hasta los 116.219 al cierre del mes de febrero.
Buenos y malos
«En números tangibles la reforma laboral ha sido muy positiva para Castilla y León, porque se ha conseguido que cada ciudadano sepa cada mañana donde va a trabajar», reconoce a este periódico el secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, que celebra que se ha conseguido «que no hubiera ese bucle de entrada y salida en el mercado laboral». Tesis que apoya su compañera en CCOO Nieves Granados, que no oculta la «satisfacción» del sindicato con este cambio del marco de las relaciones laborales. «Lo que pasa que en Castilla y León la incidencia de la contratación indefinida está siendo menor porque tenemos un tejido industrial muy atomizado», añade a renglón seguido la sindicalista.
Precisamente este punto es donde la reforma laboral está pinchando en hueso en la Comunidad, donde los efectos están comenzando a dar síntomas de fatiga con la sensación de que Castilla y León ha podido tocar techo en la contratación indefinida por la falta de nuevas oportunidades de empleo. Santa Eufemia señala a provincias como León, Zamora, Segovia o Salamanca como aquellas donde están viendo mayores señales de agotamiento. «Los que eran temporales ya son indefinidos, y los parados no encuentran trabajo».
Mientras, los últimos datos de contratos que ofrece el Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe), certifican como entre enero y febrero de este año se firmaron en la Comunidad 84.236 contratos, casi 25.000 menos que en el mismo periodo de 2022;y casi 40.000 por debajo de los de 2019. Unos números que vienen a constatar una de las grandes reivindicaciones de la reforma, el fin de la concatenación de contratos. «Queda mucho por avanzar en materia de la contratación indefinida», sostiene Nieves Granados, que culpa a la «mentalidad empresarial» de este hecho: «son bastante reacios a hacerlas».
Indefinidos y temporales
El descenso en la contratación se acompaña con el hecho de que los empleos indefinidos se han disparado. Entre enero y febrero de este ejercicio se han suscrito 29.111 contratos indefinidos y 55.125 de otras categorías. Esto supone que los primeros suponen el 35% del total, una cifra que hace un año apenas superaba el 12%, y que en 2019 rozaba el cinco por ciento. O lo que es lo mismo, la contratación indefinida ha multiplicado por siete el trozo del pastel que acaparan, mientras que los antiguos temporales antes suponían el 85 por ciento y ahora las nuevas modalidades de contratos han caído hasta el 48%.