La concesión de licencia de tipo B -pistolas y revólveres- está muy restringida para personas que no sean miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora mismo, en la provincia hay una veintena ciudadanos que pueden portar armas cortas, de las cuales la mayoría son policías, guardias civiles o militares retirados, aunque también hay algún juez y algún fiscal.

Para acceder a una de estas autorizaciones, comenta el sargento primero Juan, «hay que acreditar haber sufrido amenazas muy graves». Hasta hace poco «era común que las tuvieran funcionarios de prisiones que vivían bajo la amenaza de ETA», pero desde que la banda anunció el fin de la actividad armada «esas licencias dejaron de darse». Y en otro tiempo, «joyeros y empresarios que viajaban con dinero en metálico también las pedían, pero han caído mucho con la era internet».

«La concesión de estas licencias es muy restrictiva y hay que demostrar que la persona corre un verdadero peligro», añade.