La colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Fiscalía en materia de violencia de género se antoja esencial para el seguimiento de casos que llegan cada año al juzgado. Poco a poco se consolidan los contactos, que son muy frecuentes, principalmente para proteger a las víctimas de sus maltratadores. Pero el protocolo de valoración del riesgo que realizan en un primer momento los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en base a un formulario que pone a su disposición Interior está mostrando ciertas carencias. Principalmente porque esas evaluaciones difieren de las que más adelante hace el Ministerio Público en sede judicial, situación que la delegada en materia de maltrato, María Boado, hizo constar en la última memoria anual.

La Policía y la Benemérita cuentan con un sistema de valoración del riesgo, probado por psicólogos, forenses y expertos en la materia, para que el agente que realice el atestado introduzca una serie de criterios. En virtud de éstos, el programa detecta si el peligro de que una víctima puede ser atacada por su agresor es bajo, medio, alto o extremo. Se basa en elementos personales de la denunciante y del denunciado, de manera que si el maltratador padece un trastorno psicológico, o la mujer es una persona especialmente vulnerable, aumenta. También tiene en cuenta datos jurídicos, como antecedentes penales por delitos similares. «Es una aplicación informática muy bien pensada, pero trata de hacer un juicio de probabilidad de lo que va a hacer alguien, y eso es imposible», reconoce María Boado, fiscal delegada de violencia de género.

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