Denuncian la gestión de la residencia de Valdeporres

A.C.
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Iniciativa Merindades cree que el alcalde podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación al mantener sueldos de 49.481 y 40.985 euros al año a las dos gobernantas

Entrada a la residencia Condado de la Revilla, en Pedrosa de Valdeporres. - Foto: A.C.

El grupo municipal de Iniciativa Merindades (IM) en el Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres ha presentado en el Juzgado de Villarcayo una denuncia contra el alcalde y presidente de la Fundación Social Valdeporres, Belisario Peña, por la gestión del personal de la residencia de mayores Condado de la Revilla de Pedrosa de Valdeporres que viene desarrollando esta entidad desde 2016. El escrito relata hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación con administración desleal de fondos públicos y relata, entre otras cuestiones, como desde el pasado enero, las dos antiguas supervisoras pasaron a ejercer como gobernantas «al no disponer de la titulación exigida» para el puesto de supervisoras, pero mantienen sus antiguos sueldos, que ascienden a 49.481 y 40.985 euros brutos anuales, respectivamente, lo que se traduce en salarios de más de 2.000 euros netos mensuales. 
El edil Jesús Lizarazu, que presentó la demanda online en representación de IM, indica en ella como desde que en 2014 la Fundación Social Valdeporres se hizo cargo de la gestión del geriátrico, «prima la afinidad personal y política más que la capacidad y méritos profesionales» en las contrataciones de personal. A ello añade, que ese año «se colocó discrecionalmente como encargada en el puesto de máxima responsabilidad del centro, a M.E. S-M de manera provisional y persona de máxima confianza del alcalde, sin ninguna titulación académica ni experiencia profesional». Esta persona sigue siendo la principal responsable, pero ahora con la categoría profesional de gobernanta. IM solicitó en varias ocasiones «la urgencia de adjudicar la plaza de director/a de la residencia a través de un concurso público» como finalmente se hizo en 2019. No obstante, la profesional que obtuvo la mayor puntuación en las pruebas y méritos apenas ha trabajado seis meses. A finales de marzo fue suspendida de empleo y el pasado día 23 fue despedida por la Fundación Social Valdeporres con los votos en contra de IMC y la ausencia de la trabajadora social del CEAS de la Diputación, que en enero renunció a seguir formando parte del Patronato de la fundación, en parte, por su política de personal. A principios de mayo, 13 trabajadores del geriátrico presentaron un escrito en el Ayuntamiento contra la gestión de la ya exdirectora, lo que llevó a su despido.
IM alude en su denuncia a la normativa de 2001 que exigía a los directores de centros geriátricos poseer una formación universitaria o acreditar, al menos, 4 años de experiencia profesional. La nueva normativa de 2017 de nuevo exige formación universitaria o, si se está ejerciendo el cargo que se haya cursado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología o dirección de centros residencias y se acrediten tres años de experiencia en el sector. La oposición insiste en que la entonces directora y ahora gobernanta seguía al frente de la residencia «sin titulación ni experiencia» y por ello consideran que «el nombramiento de director gerente y supervisora se convirtieron en fraude de ley». Además, «los nombramientos no contaron con la aprobación del Patronato de la Fundación Social Valdeporres», sostiene.
IM recuerda como en febrero de 2019, el BOE hizo pública la convocatoria para cubrir la plaza de director/a de la residencia a media jornada mediante concurso oposición, «aun siendo necesaria una dedicación a jornada completa». El 1 de octubre de 2019 tomó posesión N.R.O. y la antigua directora pasó a ser supervisora y desde enero de 2020, a gobernanta. También fue nombrada supervisora A.A.I, con un sueldo equivalente y ahora lo mantiene como gobernanta, lo que para IM es «indiciario de un presunto delito continuado de administración desleal». Al poco de llegar a su puesto, el 18 de noviembre de 2019, la directora puso en conocimiento de la Fundación por escrito que «se está incumpliendo el ratio de personal técnico, así como diferentes irregularidades en la gestión de la exdirectora y entonces supervisora». La profesional alertó de que «la administración y distribución de medicamentos la está realizando personal sin cualificación” y que “es necesaria la contratación de una enfermera», una petición que también realizó IM en su día «ante la pasividad de la Fundación Social Valdeporres».