La Junta multó en 2018 a más de 200 cazadores en Burgos

FERNÁN LABAJO
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La Consejería de Medio Ambiente lleva este año tramitadas 80 sanciones, que se verán incrementadas estos meses con la intensificiación de la actividad cinegética en toda la provincia

Un guarda rural multa a un cazador que se encontraba en un coto sin autorización. - Foto: Luis López Araico

Burgos es un escenario idílico para la práctica de la caza. No en vano, es la provincia que posee el liderato cinegético de Castilla y León, condición que reforzó en agosto de este año con la apertura de la media veda. Sin embargo, las buenas condiciones no están reñidas con una regulación férrea que controla las irregularidades que puedan producirse. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, contabiliza cada año una media de una sanción cada dos días. El año pasado, por ejemplo, se abrieron 206 expedientes que terminaron en una multa administrativa. De ellos, 153 fueron graves y 53 leves. Se trata de una cifra muy similar a la de ejercicios anteriores, aunque si se compara con los datos de 2017, hubo un ligero descenso (34 menos), sobre todo en lo que se refiere a las infracciones más severas.

Si nos atenemos a los datos proporcionados por la Consejería, este año podría haber un descenso, ya que hasta el mes pasado se contabilizaron un total de 80 expedientes sancionadores de los cuales 52 fueron graves y 28 leves. Bien es cierto que la temporada general de caza menor se abrió el 27 de octubre y se alargará hasta finales de enero de 2020, por lo que es probable que de aquí hasta el 31 de diciembre la cifra se incremente. Y es que, tradicionalmente, siempre suele haber más infracciones dentro de esta modalidad porque tanto el número de cazadores como de jornadas hábiles es superior.

Cabe recordar que, aunque la caza puede practicarse durante prácticamente todo el año, los aficionados tienen varias fechas marcadas en el calendario. Por ejemplo, en el caso de la menor, la media veda se abre a mediados de agosto y termina a finales de septiembre. Además de la temporada general, también hay diferentes periodos para la captura de especies concretas como puede ser el zorro, la liebre con galgo o la paloma de migración.

Por su parte, en el caso de la caza mayor, la temporada comienza a primeros de septiembre y termina a finales de febrero, aunque hay diferentes modalidades que se limitan a solo un mes, como es el caso de rececho y aguardo. Además, como ocurre en el caso de la menor, hay fechas concretas para especies como el corzo, el jabalí, el rebeco, el lobo y la cabra montés.

Aunque existen, lo cierto es que las infracciones por cazar fuera de temporada no son muy recurrentes y la tónica general es que esa normativa se cumple a raja tabla. Las sanciones calificadas como graves más comunes según la Junta de Castilla y León son, por ejemplo, el transporte de piezas de caza muertas sin que vayan acompañadas de precintos, marcas y justificantes que acrediten su origen, así como la falsificación o reutilización no autorizada de esta documentación. Llevar las armas y otros medios listos para su uso en un vehículo no adaptado también es una infracción común.

En cuanto a la práctica de la caza propiamente dicha, fuentes de Medio Ambiente señalan que la infracción más recurrente es la de cazar, o incluso llevar armas, en terrenos cinegéticos, vedados o en zonas de seguridad y sus proximidades, sin la correspondiente autorización, aun cuando el cazador no se haya cobrado ninguna pieza. También es bastante habitual sorprender a algún que otro ‘despistado’ que se introduce en cotos ajenos sin permiso. Bien es cierto que en estos casos se tiene en cuenta los límites con otras zonas a la hora de calificar la gravedad.

Las multas, salvo agravante, van de los 100 a los 1.000 euros en el caso de las infracciones leves, de 1.001 a 5.000 en las graves y de 5.001 a 78.077 en las muy graves, según marca la ley tras la modificación del año 2017. En ocasiones, van acompañadas de otro tipo de sanciones por infringir una norma diferente a la ley regional de caza, como puede ser el reglamento de armas. Por ejemplo, si la Guardia Civil, un agente medioambiental o un guarda rural sorprenden a un cazador transportando una pieza sin los correspondientes precintos y al comprobar su documentación descubren que tiene la licencia caducada, incurriría en dos vulneraciones diferentes.

Desde la Junta de Castilla y León recuerdan, no obstante, que hay muchas multas leves y graves que no se recurren, ya que el sancionado se acoge al régimen del pronto pago, sobre todo desde la mencionada modificación, que estableció la sanción accesoria de inhabilitación y retirada de la licencia de caza como posible y no obligatoria.