Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la provincia están dispuesta a movilizar si la empresa que tiene adjudicado este servicio y la Diputación no ofrecen una solución a los problemas, de todo tipo, que viene arrastrando desde hace meses, manifestaron la secretaria del comité de empresa de Sacyr, Julia Quirce, y el responsable de Construcción y Servicios de CCOO, Jonathan Gete.
«La situación en la que se encuentra este servicio de la Diputación es alarmante y llevamos desde hace muchos meses intentado solucionarla a través del diálogo, pero no conseguimos que nada cambie», señaló Gete, quien traslado el apoyo de CCOO a las trabajadoras «valientes» que denunciaron la situación a través de DB.
Gete denunció que hay trabajadoras «con sueldos míseros, hemos visto algunas nóminas de 30 euros durante todo un mes de trabajo» y que las trabajadoras «ponen dinero de su bolsillo para el kilometraje, dinero que en algunos casos no se ve bien pagado y en otro no se ha abonado», aseguró, a la vez que señaló que la empresa «es especialista en no cumplir los acuerdos que toma con el comité de empresa en la negociación colectiva». Por su parte, Quirce señaló que «hay compañeras que tienen pendiente de cobro más de mil euros por las horas no liquidadas» y apuntó que en mayo «se bajaron las jornadas a las trabajadoras porque se dieron de baja muchos usuarios y nadie se hizo cargo de esas horas perdidas, y Diputación no ha dado ninguna solución», al contrario que otras administraciones.
Gete insistió en que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio «es un colectivo esencial para fijar población en el medio rural» y recordó que, a pesar de atender «a un colectivo de riesgo, como son las personas mayores, los primeros meses de la pandemia las trabajadoras los han pasado sin ningún tipo de equipo de protección individual (Epi) proporcionado por la empresa y han sido ellas las que han conseguido algunos a través de otras entidades y administraciones».
El portavoz de CCOO considera que tras varias reuniones con la empresa, «y de incumplimiento de los acuerdos a los que llegamos, creemos que se está agotando la vía del diálogos, que damos prácticamente por agotada». Gete también es crítico con la postura de la Diputación, manifestada a través de la diputada de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, y señala que un «servicio público creemos que debe tener una gestión cien por cien pública, ya que es un servicio esencial y que hace una labor muy importante en los pueblos de la provincia», matizando que, «la Diputación no puede privatizar y olvidarse del servicio, no hay que dar todo el poder a la empresa».
Prórroga del contrato. Tanto Gete como Quirce insisten en que la Diputación «tiene sus mecanismos para controlar el cumplimiento de los contratos y que las trabajadoras tengan unas condiciones dignas para realizar su trabajo» y recordaron a Sierra que «puede rescindir el contrato si el servicio no funciona, lo que no se ha hecho pese a los incumplimientos que tiene la empresa».
Gete y Quirce también recordaron que ha expirado el contrato vigente entre la empresa y la Diputación, «se ha prorrogado porque no se ha llegado en los tiempos a la nueva adjudicación para poder solucionar todos los problemas que tienen las trabajadoras».