Hasta hace no mucho, el Centro Penitenciario de Burgos contaba con cinco médicos que atendían a los reclusos. Sin embargo, las bajas y las diferentes jubilaciones que se han ido produciendo a lo largo de los años ha reducido la plantilla a dos efectivos que se quedará en uno en pocos meses, ya que uno de ellos también pondrá el punto final a su carrera. Se trata de una situación complicada, pero no muy diferente a la que viven en otras cárceles de España, que cuentan con un personal sanitario escaso y, además, bastante envejecido.
Ante esta situación que vive la sanidad penitenciaria, la Confederación de Sindicatos Médicos (Cesm), ha advertido de que convocarán una huelga indefinida si no se soluciona esta tesitura que califican de «explosiva y de colapso». La principal causa, según señaló el responsable de este sindicato en el área de prisiones, Pedro Martínez Sánchez, es que «los profesionales no quieren trabajar en las cárceles». Solo así se explica que de las 31 plazas que ofertaron en la última convocatoria solo se presentaron 12 candidatos.
A nivel nacional se ha producido una reducción de la plantilla de profesionales médicos penitenciarios del 40%, pasando de los 411 que había hace 3 años a los 212 actuales. De ellos, el 35% está en condiciones de jubilarse en cualquier momento. En este punto, Martínez Sánchez recuerda que en las cárceles «se atiende a una población muy elevada de drogodependientes, enfermos mentales o personas con patologías infectocontagiosas y crónicas», lo que puede derivar en a corto plazo en un colapso de la sanidad en las cárceles.
Este desfase a nivel general es el que se producirá en unos meses en la prisión burgalesa si no se corrige la situación, ya que un único médico tendría que dar cobertura a los 400 reclusos que se encuentran a día de hoy en el centro de la capital. Aun así, los sanitarios no quieren manifestarse sobre el comunicado emitido por Cesm, por lo que es posible que no secunden a huelga que están dispuestos a convocar los responsables sindicales.
Pedro Martínez Sánchez explica que los médicos no quieren trabajar en el sector, entre otros motivos, por la gran diferencia salarial que hay con los profesionales de otras áreas. Así, estima que un sanitario de un centro penitenciaria cobra casi 20.000 euros netos menos al año que uno que lo hace en Atención Primaria.
Asimismo, concluye que se está incumpliendo la Ley de Calidad y Cohesión, que contempla la asunción de la sanidad penitenciaria por parte de las Comunidades Autónomas, algo que solo ocurre en País Vasco y Cataluña.