Las personas que viven en condiciones de privación material severa en Castilla y León han aumentado un 56% en el último año, motivado sobre todo por los efectos de la pandemia de la covid, por lo que la cifra se eleva hasta las 86.000. Son 31.000 más que en 2020 que no pueden hacer frente al menos a cuatro de nuevos conceptos o ítems de consumo básico, entre los que se encuentran tener comida de carne o pescado cada dos días, mantener su vivienda a una temperatura adecuada, imposibilidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros), retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler y recibos de suministros como gas y luz o de la comunidad) o irse de vacaciones al menos una semana al año, entre otros.
Es una de las principales conclusiones del estudio 'El estado de la pobreza. Informe sobre la situación de pobreza y la exclusión social en Castilla y León', que incluye la tasa Arope, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León. No en vano, el indicador de privación material severa es el único del informe que refleja las consecuencias de la crisis sanitaria, ya que el resto hace referencia a datos recogidos a 2019 y, por tanto, anteriores a la pandemia.
El presidente autonómico de EAPN, Óscar Castro, subrayó ayer en las Cortes que la conclusión es que el impacto de la covid ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes del inicio de la última crisis, ya que ha aumentado la población que manifiesta tener «muchas dificultades» para llegar a final de mes. «La privación material severa nos anticipa que hay que estar muy atentos a los efectos que provocará la pandemia, ya que, lejos de estar paliándose en el ámbito social, será a partir de ahora cuando veamos sus consecuencias», alertó.
Una mujer rebusca en un contenedor de basura. - Foto: Óscar SolorzanoEl informe Arope 2008-2020 recoge que la tasa de riesgo de pobreza (ingresos por debajo de los 843 euros) en la Comunidad ha pasado del 12,9 en 2019 al 15,1% el año pasado. Con estos porcentajes, Castilla y León tiene 363.000 personas pobres, de las cuales 132.000 están en situación de pobreza severa, un número que aumenta hasta las 474.000 al incluir las que están en riesgo de pobreza o exclusión social (73.000 más que el año anterior). En este sentido, la tasa de pobreza severa (ingresos por debajo de los 550 euros) ha descendido, pasando de un seis en el 2019 a un 5,5% en el 2020.
Tasa Arope del 19,8%
La tasa Arope (de referencia a nivel europeo, que mide la población en riesgo de pobreza, con carencia o privación material severa y que vive en hogares con baja intensidad de empleo) ha subido en Castilla y León un 18,7% con relación al año pasado, hasta afectar al 19,8% de la población de la Comunidad en 2020. Pese a estar por debajo de la media nacional y situarse como la quinta con menor porcentaje, la coordinadora de la Oficina Técnica de EAPN Castilla y León, Rebeca Madruga, lamentó que muchos ciudadanos que deben hacer frente a una economía de supervivencia. «Cualquier imprevisto como la avería de un electrodoméstico supone un gran desajuste de la economía familiar por que otras necesidades básicas quedan desatendidas», precisó.
Castro aprovechó la presentación del informe para subrayar la importancia, ante el momento actual, de centrarse en la recuperación social pero también en la «transformación en la forma en que se entiende la atención y la acción social». No en vano, precisó, según recogió la Agencia Ical, que el tercer sector debe ser visto como un «aliado estratégico». «Hagamos entre todos una Castilla y León más solidaria, más humana y más justa», sentenció la coordinadora de la Oficina Técnica de EAPN.