Fueron cuatro sucesos prácticamente consecutivos los que desataron una ola de protestas y demandas de mayor seguridad en las zonas de ocio. Iván Herrero, en la madrugada del 1 de noviembre de 2008, fue el primero de los jóvenes que falleció en Las Llanas víctima de una agresión. Unos meses más tarde, en mayo de 2019, fue Jonatan Gómez quien a pocos metros de allí perdió la vida en circunstancias parecidas y en noviembre de ese mismo año, una paliza provocó la muerte de Aitor Del Álamo en Las Bernardas. Ya por entonces comenzaron a surgir las primeras voces que pedían un mayor control en lugares de copas los fines de semana y a determinadas horas. Tuvo que suceder otra desgracia, la agresión al joven Sergio Izquierdo el 25 de diciembre de 2010 en la Plaza de La Flora, para que el Ayuntamiento de Burgos se decidiera a instalar cámaras en estas calles con el objetivo de disuadir a los jóvenes de iniciar peleas y, sobre todo, ayudar a los investigadores a esclarecer lo ocurrido. Desde su instalación, a finales de 2013, la Policía Nacional y los juzgados han requerido las grabaciones en 128 ocasiones, a una media de 20 por año.
En la mayoría de estas ocasiones es la Brigada Judicial de la Comisaría de Burgos la que, previo aviso al juez de guardia, solicita las imágenes registradas por los 16 dispositivos ubicados en las Llanas, Las Bernardas y Bernardillas y que son custodiadas por la Policía Local. Otras veces, las menos, es el juzgado quien las requiere directamente. En ambos casos sirven para esclarecer principalmente agresiones y peleas. «Casi el cien por cien de las peticiones son por sucesos graves porque los hurtos, por ejemplo, se suelen producir en el interior de los locales», explica el jefe de la Brigada Judicial, quien reconoce que «también son muy útiles en casos de falsas denuncias».
El año en el que Policía y juzgados solicitaron más veces la ayuda de las cámaras de vigilancia fue 2014, con un total de 27 requerimientos. A partir de entonces se produjo un descenso hasta tocar mínimo en 2016 (18) y comenzar otro pico hasta el año pasado, que se cerró con 23 peticiones. Ese incremento parece confirmarse en 2019, ya que hasta el mes de mayo ya se han producir 16 solicitudes.
En cuanto a las zonas concretas, el jefe de la Unidad de Delitos Violentos asegura que no hay una que destaque por encima de la otra y que en todas ellas han necesitado la ayuda de las grabaciones para esclarecer delitos: «A esas horas y en esas condiciones, ningún lugar está libre de ser escenario de este tipo de sucesos».
GRAN CALIDAD DE IMAGEN
Si algo destacan en la Policía Judicial sobre las cámaras de vigilancia es la gran nitidez y calidad de las imágenes de registra. De este modo, el jefe de esta Brigada asegura que la claridad de las grabaciones «facilita mucho el trabajo de las investigaciones». Ésto, junto con la facilidad para acceder a ellas, son las dos grandes ventajas con respecto a otros dispositivos que suelen requerir los agentes cuando quieren esclarecer un caso, como son los de los propios bares o locales cercanos a donde ha tenido lugar el suceso en cuestión. «Suelen ponerte más pegas porque piensan que no tienen la obligación y porque las empresas de seguridad les cobran cada vez que les piden unas imágenes», apunta el jefe de la Unidad de Delitos Violentos. Además, este tipo de videovigilancia solo graba dentro o en la entrada del establecimiento, lo que dificulta la labor policial.
De hecho, desde la Policía recuerdan los inconvenientes para sacar fotogramas claros de las imágenes que registró la cámara del pub El Terminal cuando se produjo la agresión mortal a Jonatan Gómez. La empresa que gestionaba las cámaras tenía sede en otra ciudad, apenas enfocaba el lugar en el que se produjo el altercado y la calidad era bastante limitada a pesar de todos los programas que trataron de mejorar la nitidez. «Con los dispositivos colocados por el Ayuntamiento de Burgos habríamos conseguido sacar una conclusión mucho más concreta sobre quiénes fueron los responsables», concluye el jefe de la Judicial.
Uno de los motivos por los que se decidió la instalación de las cámaras también fue el de evitar que se produjeran peleas en las zonas de ocio, pero este objetivo no se ha logrado. «A esas horas muchos van perjudicados y no se acuerdan de que les están grabando. Si fuera un robo, que está todo más calculado, sí se cortarían», puntualiza el responsable de la Unidad de Delitos Violentos que, matiza, «los porteros sí suelen tenerlo en cuenta a la hora de intervenir».
Desde la Policía Nacional defienden la instalación de estas cámaras, no solo por la ayuda que les supone a ellos, sino también a las personas de a pie que quieren esclarecer un hecho concreto. En este sentido, recuerdan que los dispositivos solo graban de jueves a domingo de 22 a 10, tal y como decretó la Comisión de Garantías de Videovigilancia que coordina el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la cadena de custodia es muy férrea, siempre coordinada por el juzgado, y se destruyen al mes, por lo que la intimidad de las personas queda garantizada.