Los expertos lo vienen pidiendo cada vez con más fuerza: Hay que hablar del suicidio, hay que romper el tabú que rodea a las personas que intentan terminar con su vida y lo consiguen, a las que lo intentan sin éxito y a las familias de todas ellas y hay que implementar recursos para atajar la principal forma de muerte no natural que se produce en España, o al menos intentar que se reduzca drásticamente. "Todos los años se suicidan alrededor de 3.000 personas en el país y no se habla de ello ni se refuerzan los recursos que podrían ayudarles. Es un problema que supera en número a las víctimas de accidentes de tráfico y a las de violencia de género y creemos que necesita una divulgación, una prevención y educación de la sociedad al mismo nivel", explica Jesús Sánchez, psicólogo clínico del Hospital Universitario de Burgos, que participó en su día en la elaboración del documento de Sacyl Proceso de Prevención y Atención de la Conducta Suicida y que ahora forma parte de un nuevo grupo de trabajo que se ha creado para crear una estrategia que agilice la atención al suicidio y que coordina el psiquiatra y exconsejero de Sanidad Antonio María Saez Aguado.

La labor que se han impuesto estos profesionales implicados en lo que se ha dado en llamar Estrategia de Intervención en Suicidio es revisar lo que se está haciendo hasta ahora y formar a los profesionales para que sepan cómo intervenir de la forma más rápida posible "dándole la prioridad que tiene" en todos los niveles sanitarios (atención primaria, hospitales, emergencias...) haciendo mucho hincapié en la prevención cuando una persona tiene un intento o una ideación autolítica, "unas señales que a veces se pueden banalizar". En este sentido, Sánchez reconoce que el suicidio es una patología muy difícil de valorar, de establecer y de detectar sus criterios de riesgo "porque hay gente que no dice nada y lo acaba haciendo" pero cree que dentro de esa complejidad "cuanto más estructuradas y establecidas estén las estrategias entendemos que va a ser mejor".

La novedad es que por primera vez se involucra a los profesionales de la educación con el objetivo de hablar de ello y poder hacer prevención en colegios e institutos. En el grupo hay tres psiquiatras (uno infantojuvenil), una enfermera de Salud Mental, una enfermera y una médica de Atención Primaria, una médica de Urgencias, un forense, un profesional de Emergencias, representantes de la Consejería de Educación y el psicólogo clínico Jesús Sánchez, quien valora muy positivamente que entre las familias supervivientes de suicidio estén empezando a ponerse en marcha grupos de apoyo y divulgación: "Es muy importante que compartan un estado emocional y que visualicen esta problemática siempre teniendo presente no perder la referencia profesional que le aporta una perspectiva objetiva".

El médico Juan Francisco Lorenzo, promotor de uno de estos grupos en el que están implicadas varias personas que han sufrido un suicidio en la familia, se felicitó de que la Junta haya incluido al ámbito educativo en la prevención del suicidio porque, a su juicio, se rompe un tabú por el que la sociedad ‘esconde’ la muerte a los más jóvenes, "olvidando muchas veces que existen trastornos depresivos en la edad infantil y en la adolescencia".

Miembros de este colectivo mantuvieron un encuentro con la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, quien les explicó que se va a continuar a partir del mes de septiembre con los talleres de duelo por suicidio que se iniciaron en la anterior legislatura y que estaba previstos en abril pero debido a la pandemia se suspendieron. Serán en el cívico de San Juan.

En Burgos todos los años se produce un número de suicidios que oscila entre los 25 y los 35, una cifra no especialmente llamativa con respecto al entorno nacional y europeo. Así, la tasa está en un poco más de ocho por cada cien mil habitantes, idéntica que a nivel nacional y bastante menor que la del entorno europeo, pero el problema se repite invariablemente año tras años y es una cifra que, según Jesús Sánchez "puede y debe reducirse".

De momento, los números no están cambiando. El Instituto de Medicina Legal de Burgos registró en 2019 31 en toda la provincia y en lo que va de año, 15. En este sentido, su responsable, el forense Amador Martínez Tejedor señaló que se trata de cifras totalmente en consonancia con las de años anteriores y que el confinamiento no ha supuesto "en ningún caso" un aumento significativo de los suicidios ni en cifras absolutas ni mes a mes. Aunque aún no se tiene el detalle sobre el sexo y la edad de las personas que decidieron terminar con su vida, Martínez Tejedor recordó que "siempre predominan los hombres, alrededor de un 75%, y con respecto a la edad, las etapas medias de la vida pero también tenemos picos entre los ancianos".

A su juicio, entre los objetivos de salud pública debe estar la reducción de esta tasa "desde un abordaje multidisciplinar". También cree que el suicidio se debe plantear en el ámbito educativo "de una manera seria y en función de la edad de los chicos": "Creo que es bueno porque irá en paralelo con la formación e información sobre las enfermedades mentales que están tan estigmatizadas y sobre la necesidad de acudir a Salud Mental cuando hay disfunciones o alteraciones del estado de ánimo. Hay que tratarlo con mucho rigor y delicadeza porque es una realidad dramática que requiere un abordaje muy serio y también educativo teniendo en cuenta que no se debe vulgarizar en el sentido de dar una información no matizada".

Así, entre la detección precoz y la prevención y la información cree que podrían reducirse las cifras de suicidios en la provincia de Burgos. "Sería necesario desarrollar un sistema de ayuda urgente para que la gente en riesgo suicida, que tiene ideas, a la que se le está ocurriendo, pueda llamar, algo muy importante en una sociedad cada vez más deshumanizada y con un número mayor de personas que viven solas". De forma paralela, cree que también debe mejorarse la atención a las familias que han perdido a un miembro por esta causa, algo que considera "una tarea absolutamente pendiente".

Martínez Tejedor reivindicó la labor de los forenses en este ámbito: "Creo que podemos jugar un papel interesante porque entramos en contacto con la situación más dramática, que es el levantamiento de los cadáveres, y somos, junto con la policía, los que entramos en contacto con las familias y ahí se podría establecer un contacto posterior si necesitan hablar. No es frecuente pero a veces nos llaman o vienen por el Instituto porque tienen preguntas que hacer, necesitan hablar y están completamente desbordados por la situación".