El pasado 24 de marzo, a los pocos días de comenzar el estado de alarma, el Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)a iniciar el procedimiento negociado sin publicidad para la compra de los 44 nuevos contenedores que se precisan para almacenar el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, teniendo en cuenta que 5 más ya están fabricados. El presupuesto que se manejó entonces era de 127,6 millones de euros, pero finalmente Enresa licitó el material por 140,3 millones y la empresa Equipos Nucleares S.A., ENSA, la única invitada al procedimiento, redujo el coste a 138,2, casi 11 más de los previstos inicialmente.
La firma elegida por el Gobierno para la fabricación y licenciamiento de los contenedores del tipo ENUN B-52 ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha comprometido a suministrar el primero en septiembre de 2023, cuatro meses antes del plazo que le marcó el pliego de condiciones de Enresa, mientras que el resto irán llegando cada 15 días. Éste es el tiempo estimado para la carga de elementos combustibles en los recipientes metálicos que se fabricarán en Santander. No obstante, antes llegarán los cinco primeros, ya fabricados. Las previsiones actuales de Nuclenor sitúan ese momento en el segundo semestre de 2021.
En un informe detallado, Enresa explica qué motiva el hecho de que se haya elegido a ENSAy no a otra empresa para esta tarea y que haya sido la única a la que se ha pedido oferta. Cuestiones técnicas y de tiempo afloran en los argumentos de la firma pública, que explica como cada año de retraso en el suministro de los contenedores le costaría 33 millones de euros a Nuclenor.
Ese es el dinero que la propietaria de Garoña está desembolsando para afrontar las tareas de vigilancia de la piscina de refrigeración del combustible gastado, el uranio irradiado. Los gastos de personal suponen la cantidad más elevada de esta cifra, al representar 27 millones anuales, a razón de 16,8 millones para las nóminas del personal propio de Nuclenor; 6,9 millones para el empresas subcontratadas pero que trabajan en la planta, y 3,3 millones para el de empresas subcontratadas que trabajan desde el exterior.
Cuando Enresa licitó en 2012 la fabricación y licenciamiento ante el CSNde los primeros cinco contenedores sí que invitó a varias empresas. Ademas de ENSA, la ganadora del concurso, pudieron presentar sus propuestas la francesa AREVA, ahora ORANO-TN, y las estadounidenses NAC International y Holtec. Enresa explica como ENSA ya ha recorrido el largo camino del licenciamiento de los primeros cinco contenedores ante el CSN y lleva avanzado un trabajo que al resto de empresas le podría costar de 2 a 3 años, lo que supondría un retraso más en el desmantelamiento de la planta tobalinesa.
ENSA ya ha demostrado ante el CSN que su diseño «asegura el confinamiento del material radiactivo, el blindaje para minimizar la exposición a la radiación de los operarios y del medioambiente, el mantenimiento sub-crítico de la disposición de los elementos de combustible en el contenedor o la capacidad de evacuación del calor residual de dichos elementos para no superar los límites de temperatura establecidos».
Además de ello, Enresa señala en su informe que las propuestas de estas últimas empresas no serían compatibles con las características técnicas de Garoña, al tratarse de contenedores de 100 a 120 toneladas, cuando la grúa de Garoña solo tiene capacidad de carga para mover un máximo de 75 toneladas. O por el contrario bajan a 30 toneladas, lo que conllevaría un gran número de contenedores y que no hubiera espacio suficiente en el Almacén Temporal de la central, dado que se multiplicaría el número de contenedores.