Frenan la expropiación de la Torre por dudas en su legalidad

R.C.G
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La Comisión Territorial de Valoración afirma que no se dan las condiciones para que el Ayuntamiento se haga con los terrenos. Urbanismo tiene un mes para valorar las alternativas

Frenan la expropiación de la Torre por dudas en su legalidad

La expropiación de Torre de Miranda ha sufrido un revés importante por parte la Comisión Territorial de Valoración, entidad encargada de dictaminar el precio que tendría que pagar el Ayuntamiento a los vecinos para abrir una nueva entrada al complejo residencial y eliminar el tráfico de coches por el parque Antonio Machado.

La administración local valoró inicialmente el suelo en 90.000 euros, cantidad con la que los afectados no estaban de acuerdo, por lo que solicitaron la mediación de dicho organismo. La resolución supone un varapalo para los planes del equipo de gobierno puesto que descarta pronunciarse sobre el precio ya que según su opinión los terrenos no son expropiables según lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo, el espacio que se pretende expropiar está calificado como una zona libre privada, por lo que no está habilitada para una dotación urbanística pública "por lo que no procede su valoración a efectos expropiatorios", afirma la resolución.

Así el expediente se ha devuelto al Ayuntamiento, que ahora deberá decidir si recurre la decisión o da marcha atrás con un proyecto que ha suscitado mucha polémica. "Los servicios jurídicos están valorando los pasos que tenemos que dar", asegura la concejala de Urbanismo, Soraya Solórzano, quien opta por la "cautela" hasta que se estudien todas las alternativas, ya que el escrito de la Comisión Territorial admite más de una interpretación.

Al margen de esta decisión administrativa, el conflicto por la expropiación de Torre de Miranda acabará en los juzgados ya que los vecinos han denunciado al Ayuntamiento. Esta resolución es vista por parte de los residentes como un argumento más para que los tribunales les den la razón. "Se está empezando a demostrar que la alcaldesa utiliza argumentos engañosos", aseguran los propietarios, que una vez más aluden a "intereses ocultos" en el empeño del PSOE en seguir adelante con la expropiación a pesar de las dificultades que ha ido encontrando a lo largo del camino. "La soberbia de Aitana Hernando al final nos va a costar dinero a todos los mirandeses", remarcan.

Aunque desde las filas socialistas siempre se ha defendido que la apertura de una nueva entrada por la calle Recoletas mejoraría la seguridad al eliminar el tráfico por el parque Antonio Machado, los afectados creen que la medida no responde a un interés colectivo sino que se "pretende beneficiar a unos vecinos en detrimento de otros", en alusión a que fueron los dueños de los garajes del número 23 de calle La Estación los que solicitaron que se cumpliera con el PGOU ya que con la nueva entrada tendrían un mejor acceso a sus plazas de aparcamiento.

En el presupuesto del próximo ejercicio hay reservada una partida de 180.000 euros, con la que se esperaba hacer frente a la indemnización y las obras. La misma incluso dejaba margen de maniobra en caso de que la Comisión de Valoración pusiera un precio más elevado a los terrenos que los 90.000 fijados inicialmente, pero ahora el proyecto ha sufrido un frenazo ya que el organismo ha sembrado la duda sobre la legalidad de la expropiación al no querer hacer una tasación porque considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para que la administración local pueda hacerse con ellos.