La investidura de Pedro Sánchez pone fin a 254 días de Gobierno en funciones, desde las elecciones del 28 de abril del año pasado, un tiempo extenso que, sin embargo, no supera los 315 días que estuvo Mariano Rajoy durante casi todo 2016.
Estar en funciones supone una limitación considerable de las tareas ejecutivas, especialmente porque no permite disponibilidad presupuestaria. La imposibilidad de movilizar el dinero generó polémica cuando las regiones reclamaron el pago de los anticipos a cuenta en septiembre pasado. Estas cantidades proceden de la diferencia entre la atribución a las regiones de unos fondos en función de una previsión de ingresos determinada y los que finalmente logran. Si la recaudación supera el cálculo inicial, el Estado compensa.
Así, correspondía el pago de unos 7.000 millones de euros, 5.000 por esos anticipos a cuenta y 2.500 por un cambio contable en el IVA. Al estar en funciones, el Gobierno alegó que no podía efectuar estas transferencias, y un informe de la Abogacía del Estado así lo constató. Luego se comprometió a dar con una fórmula que permitiera el pago, y la encontró por la vía del decreto-ley. Esta polémica marcó el final de la legislatura anterior, la XIII, que duró solo cuatro meses porque el candidato entonces a la investidura, Pedro Sánchez, no recabó los apoyos parlamentarios suficientes y tuvieron que convocarse otra vez elecciones.
Al no haber investidura, el Gobierno nunca dejó de estar en funciones, y por ello, el Congreso y el Senado llevaron a cabo una labor de control muy restringida.
A diferencia de la anterior legislatura fugaz, la XI, con el socialista Patxi López en la Presidencia del Congreso, sí hubo sesiones de control al Gobierno en el Hemiciclo y hasta se crearon las comisiones, pero muy pocas llegaron a tener desarrollo. De hecho, el Congreso acumula un año sin actividad legislativa, más allá de las convalidaciones de reales decretos leyes.
Precisamente esta es otra consecuencia de estar en funciones: el Gobierno no puede proponer para su tramitación en las Cortes proyectos de ley. Tiene que recurrir a los decretos porque la Constitución permite sacarlos adelante por razones de urgencia o necesidad.
Basta con aprobarlos en Consejo de Ministros para que se pongan en marcha, si bien el Congreso los debe convalidar (dar el visto bueno) o derogar. E incluso si los acepta, puede cambiarlos.
Algunos decretos, por tanto, han sido convalidados durante estos 254 días, entre ellos los destinados a compensar los daños económicos ocasionados por temporales, como la DANA del pasado otoño o el que actualizó precisamente las entregas a cuenta a las regiones.
Uno especialmente controvertido fue el de la administración digital, que amparaba actuar contra web independentistas, y también el que se redactó para aliviar las secuelas de la quiebra del operador turístico Thomas Cook. Este último no dio tiempo a tramitarse. La actualización de las pensiones fue otro de los objetivos que un decreto hizo viable.
La investidura de Sánchez, además de permitir al Gobierno aprobar unos Presupuestos propios (que tendrá que ratificar el Parlamento), le facultará para llevar a las Cámaras proyectos legislativos. Y el Parlamento podrá recuperar la «normalidad».
La confianza obtenida por Sánchez se publica hoy en el BOE.